LAS MÁS DE UNA COSAS DEL SEÑOR ALVARO U. VELES.
que tristeza, no entiendo la ignorancia tan grande de mi papis al tratar de re elegir a un señor que por años y años se alimentado del pueblo de colombia, lo unico bueno de sus mandatos fueron los fraudes en diversos ministerios como agro ingreso seguro, ..tc. como destruyo a las empresas de reciclaje del país. como apropio a sus hijos del arte y como posiciono su familia y a sus mas allegados a la cúpula masónica illuminati donde nadie debería de tener el pueblo y nadie tiene dichos conocimientos, vendió el agua de muchos embalses, despojo a miles de familias, desterró hogares , y mató los páramos las selvas los desiertos y las especies. el agua y las empresas públicas. aquí les relato algo de los que no sabía del señor alvaro u. velez.
El Gobierno del Presidente, Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de administración no solamente vendió empresas sino que procedió a reestructurar entidades, reestructurar empresas de servicios públicos y liquidar hospitales entre otros.
DETALLES DEL TESTIMONIO QUE INVOLUCRA A ÁLVARO URIBE VÉLEZ CON LA MASACRE DEL ARO
Victorias
Reelección 2006
Cae estatuto
NO al TLC con EU
El Gobierno del Presidente, Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de administración no solamente vendió empresas sino que procedió a reestructurar entidades, reestructurar empresas de servicios públicos y liquidar hospitales entre otros.
Casi 50 entidades fueron liquidadas durante el Gobierno Uribe
Los $13 billones en empresas públicas que vendió Uribe
En 8 años de mandato, el expresidente le apostó a la privatización de varias empresas públicas al igual que el gobierno Santos hizo con Isagén
Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y las electrificadoras de Cundinamarca y Santander fueron unas entidades vendidas por el gobierno de Uribe durante los 8 años de su mandato. Por la privatización de estas empresas el estado recibió cerca de 17 millones de dolares.
Por Bancafé, en el 2006, recibió 2.2 billones de pesos por el 99.9% de sus acciones. Comprado por Davivienda. Bancafé era el antiguo banco de los cafeteros y era el último banco estatal que tenía que privatizarse
El 51% de Telecom fue vendida en 875 mil millones de pesos en el 2006. En el mismo año recibió 3.25 billones por Ecogas, vendida a la Empresa de Energía de Bogotá. Por Granahorrar recibió 970 mil millones de pesos de parte del BBVA por el 98,7% y por 764 mil millones vendieron las electrificadoras de Santander, Norte de Santander y Cundinamarca en el 2009.
Otros 5.7 billones de pesos se recibieron al vender el 10% de las acciones de Ecopetrol. A estas ventas se suman los cierres de varios hospitales y las empresas estatales Rafaél Uribe Uribe, Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla y la caja nacional de previsión. Además se liquidaron las electrificadoras de Córdoba, Guajita, Sucre, Atlántico, César, Magdalena y Chocó.
A todas estas ventas se suman la modificación del personal en 93 organismos y entidades del estado entre las que se cuentan Findeter, la Fuerza aérea y el ejército. En total, entre restructuración, venta, liquidación y reformación, fueron cerca de 500 empresas estatales. tomado de : https://www.las2orillas.co/los-13-billones-en-empresas-publicas-que-vendio-uribe/
segundo.
El presidente Uribe y el TLC, firmó más de 400 tlc.
(EDICIÓN BOGOTÁ - PÁGINA 15) Ciertos rasgos de la personalidad de Álvaro Uribe Vélez, nada comunes en la generalidad de los políticos colombianos, afloran en momentos decisivos de la vida nacional para dictar actuaciones dirigidas hacia lo que ha constituido objetivo apasionado de su quehacer: el bien de Colombia. Audacia, determinación, coraje, originalidad, son cualidades que el país admira y sin duda explican el porqué, después de tres años de gobierno, conserva el respaldo y la adhesión de la mayoría de nuestros conciudadanos.
La decisión de ir a Washington para dirigir su equipo negociador en la fase final del Tratado de Libre Comercio es un riesgo calculado de enormes proporciones. Y tomarlo en la antesala de las elecciones, donde la posibilidad de una segunda administración se juega a una carta incierta, define un carácter resuelto y la intuición de un líder que sabe cuánto significa, en el presente caso, el Tratado en ciernes para el porvenir de esa patria reiterativamente presente en sus intervenciones públicas.
Un tratado como el que se discute en su fase final implica, como es obvio, un balance de pérdidas y ganancias repartidas entre las dos partes. Lo trascendental es que las pérdidas, así sean inferiores al conjunto de las ganancias, no afecten gravemente determinados sectores de gran significación económica –y más aún– humana para el país que haya de sufrirlas. En nuestro caso, el campo y su peso específico en la existencia nacional. Sería catastrófico que, a la lucha tenaz de agricultores y ganaderos, librada contra el clima cambiante, la impredecible meteorología, las plagas tropicales y la barbarie sanguinaria, se sumara la invasión de productos subvencionados de una potencia arrolladora.
Del acceso popular a medicamentos genéricos de bajo costo depende todo el esquema de la salud pública. Donde se sitúen fuera del alcance de quienes no puedan –podamos– sostener tratamientos prolongados con drogas de los grandes laboratorios que presionan sus colosales intereses, el daño a la salud pública puede ser incalculable. Este aspecto del Tratado, junto con el agrícola, podría lesionar a Colombia en tal medida que anulara lo positivo y favorable del TLC que resulta imperativo firmar.
Tales riesgos no pueden escapar de la percepción del Presidente. La decisión de hacerles frente en persona, es asumirlos a plenitud en antesala electoral, rompiendo esquemas que podrían invocarse para no enfrentarlos. No serán los primeros que Uribe rompa en su agitado mandato, con resultados que el país reconoce y sus partidarios aplauden. Con la circunstancia de que esos partidarios constituyen la mayoría de los colombianos.
Que la presencia del Jefe de Estado en las mesas de negociación resulte desconcertante, que el protocolo no consulte procedimientos para un hecho sin antecedentes, que sea imposible predecir el efecto favorable que tal presencia inusual pueda causar, que la contraparte se incomode, los argumentos que censuren la conducta presidencial, no pesan tanto en la decisión de quien resuelve enfrentarlo todo con la mirada puesta en el futuro. Un vistazo retrospectivo a la historia registra que grandes acontecimientos han sido el efecto de actuaciones valerosas y audaces, propias de quienes construyen esa historia.
Cautela, prudencia, reflexión, análisis previo son condiciones fundamentales en el gobernante como en el comandante militar. Pero ante un desarrollo prolongado como el de la negociación del Tratado, es seguro que ellas han acompañado el proceso por parte del Presidente. Lo que obedece a lo que podríamos considerar un impromptu es la decisión de marchar a ponerse al frente de la etapa decisiva, exponiendo mucho para ganar algo. Y ese algo puede resultar a favor nuestro, con alcance que justifique semejante empeño.
Pienso que la nación, los colombianos todos incluyendo los antiuribistas a ultranza, debemos acompañar a nuestro Presidente y desear que el éxito corone su arriesgada y varonil empresa.
Gainesville, Florida (Estados Unidos) tomadoi de : http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1920788
3 tercero.
Uribe califica de 'crucial' la firma de TLC entre Colombia y la Unión Europea
El presidente Álvaro Uribe calificó de "crucial" la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea (UE), prevista para la próxima semana, y agregó que su objetivo es que ese acuerdo sea "totalmente conveniente" para el país.
4 cuerto.
DETALLES DEL TESTIMONIO QUE INVOLUCRA A ÁLVARO URIBE VÉLEZ CON LA MASACRE DEL ARO
(Colombia)(Autor: El Nuevo Herald)
Jueves 22 de enero de 2009, por
El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero del año pasado que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.
El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero del año pasado que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.
Parte de la confesión de Villalba, cuya credibilidad Uribe atacó esta semana, fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, ocurrida en el caserío El Aro en 1997, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.
Villalba no comprometió al mandatario ni a su hermano en los testimonios ante la CIDH, pero su relato fue parte de las pruebas que sirvieron al tribunal para concluir que en la matanza de El Aro agentes de la fuerza pública colaboraron con grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a sangre fría a por lo menos 15 campesinos "en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento’’, según el fallo, de 160 páginas.
El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo del hoy presidente Uribe, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente.
"Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’, expresa la sentencia del CDIH.
Hasta ahora sólo se conocían indirecta y fragmentariamente alguno aspectos de la declaración de Villalba ante la fiscalía colombiana revelados por Uribe sorpresivamente durante una entrevista radial esta semana (El año anterior) para rechazar los señalamientos del ex paramilitar.
Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.
"[Alvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Alvaro y Santiago Uribe.
La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.
Villalba denunció la muerte de funcionarios de la fiscalía que investigaban la masacre, el asesinato de activistas de derechos humanos que colaboraban con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y tres atentados, uno de ellos con cianuro que le pusieron en una bebida de malta.
La declaración contiene por los menos dos inconsistencia: que uno de los militares que Villalba mencionó como participante en una reunión a finales de 1997 había fallecido en abril de ese año y que la fecha de la masacre no fue en noviembre, como él sostuvo, sino en octubre de ese año.
Cuando los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500 habitantes en una zona montañosa del norte del departamento de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas, relató Villalba al diario El Colombiano de Medellín.
Cuando los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500 habitantes en una zona montañosa del norte del departamento de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas, relató Villalba al diario El Colombiano de Medellín.
A unos los mataron de un tiro en la nuca, bocabajo, en la plaza del pueblo; también ultimaron a un joven de 14 años, pero en el caso del dueño del almacén de abarrotes Marco Aurelio Areiza Osorio, un comerciante de 64 años, apreciado en la región por su generosidad, los paramilitares se ensañaron con una pasmosa frialdad.
Según los testimonios obtenidos por Human Rights Watch y periodistas colombianos, le ordenaron al comerciante que preparara un sancocho, y después que lo sirvió lo amarraron a un naranjo y, vivo, le sacaron el corazón, luego los ojos y después le arrancaron los testículos.
Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo vieron todo
"El bujaba [mujía] duro y luego chillaba como un niño’’, le dijo uno de los menores a los periodistas Carlos Giraldo y Miguel Garrido, de El Colombiano.
Los paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre, un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120 paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron unas 900 cabezas de ganado, según documentos judiciales.
Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo vieron todo
"El bujaba [mujía] duro y luego chillaba como un niño’’, le dijo uno de los menores a los periodistas Carlos Giraldo y Miguel Garrido, de El Colombiano.
Los paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre, un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120 paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron unas 900 cabezas de ganado, según documentos judiciales.
Villalba, de 36 años, confesó que había participado en ésta y otras masacres de las AUC.
Tres meses después de los hechos de El Aro, se presentó ante las autoridades judiciales porque estaba cansado de tantas muertes y se habían planeado atentados con los que no concordaba, dijo. Hoy cumple una pena de 33 años de prisión en la penitenciaría La Picota de Bogotá.
Tres meses después de los hechos de El Aro, se presentó ante las autoridades judiciales porque estaba cansado de tantas muertes y se habían planeado atentados con los que no concordaba, dijo. Hoy cumple una pena de 33 años de prisión en la penitenciaría La Picota de Bogotá.
Según sus declaraciones a la policía, el Ejército y las AUC planearon la toma de El Aro para escarmentar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y rescatar a unos ocho ganaderos y comerciantes que los rebeldes tenían secuestrados.
Villalba aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunió en una finca de un hacendado —que no identificó— en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó.
"Estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso’’, dijo el testigo.
A la pregunta de si conocía anteriormente a los Uribe, Villalba respondió que en el caso de Alvaro no, pero que Santiago "siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos’’.
Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
"Estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso’’, dijo el testigo.
A la pregunta de si conocía anteriormente a los Uribe, Villalba respondió que en el caso de Alvaro no, pero que Santiago "siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos’’.
Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
"Supe que era Alvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos’’, dijo Villaba. "Ahí llegó con un escolta, de apellido Serna’’, agregó.
Los ocho secuestrados fueron liberados.
Esta semana Uribe aseguró que jamás he estado en La Caucana.
Villaba declaró a la fiscalía que años después vio de nuevo al escolta Serna, pero esta vez como guardia del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la cárcel de La Picota de Bogotá. Serna lo reconoció y lo saludó, agregó.
En la reunión previa a la masacre estuvieron presentes los cabecillas de las AUC Carlos Castaño, entonces máximo jefe de la organización y quien fue asesinado; Salvatore Mancuso, segundo al mando, y otros que identificó con los alias ’Noventa’’, "Cobra’’, el Negro Ricardo y Junior.
También acudió un hombre a quien identificó, vacilando, como José Ardila, de las organizaciones de autodefensas campesinas legalizadas por el gobierno y conocidas como las Convivir.
Los ocho secuestrados fueron liberados.
Esta semana Uribe aseguró que jamás he estado en La Caucana.
Villaba declaró a la fiscalía que años después vio de nuevo al escolta Serna, pero esta vez como guardia del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la cárcel de La Picota de Bogotá. Serna lo reconoció y lo saludó, agregó.
En la reunión previa a la masacre estuvieron presentes los cabecillas de las AUC Carlos Castaño, entonces máximo jefe de la organización y quien fue asesinado; Salvatore Mancuso, segundo al mando, y otros que identificó con los alias ’Noventa’’, "Cobra’’, el Negro Ricardo y Junior.
También acudió un hombre a quien identificó, vacilando, como José Ardila, de las organizaciones de autodefensas campesinas legalizadas por el gobierno y conocidas como las Convivir.
Al referirse al paradero de Ardila, Villalba dijo:
"[Ardila] estaba declarando en contra de Alvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a 60 años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’.
Mancuso fue condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión por la masacres de El Aro y La Granja. En esta última fueron torturadas y asesinadas cinco personas el 11 de julio de 1996.
"[Ardila] estaba declarando en contra de Alvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a 60 años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’.
Mancuso fue condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión por la masacres de El Aro y La Granja. En esta última fueron torturadas y asesinadas cinco personas el 11 de julio de 1996.
Según el declarante, Alvaro Uribe "fue invitado por Carlos Castaño’’ a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes.
En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.
En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.
"’Alvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, dijo el testigo.
En cuanto a la finca donde se realizaron las reuniones, el ex paramilitar señaló que "a mano izquierda hay unos corrales y una caballeriza, esa finca no tenía nombre pero todavía existe, nosotros llegamos un día antes [de la reunión], con mis 22 hombres’’.
En cuanto a la finca donde se realizaron las reuniones, el ex paramilitar señaló que "a mano izquierda hay unos corrales y una caballeriza, esa finca no tenía nombre pero todavía existe, nosotros llegamos un día antes [de la reunión], con mis 22 hombres’’.
Villalba declaró ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno especializado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que el encuentro ’’fue de día, empezó como a las 10 de la mañana y terminó [a las] 3 de la tarde, después que almorzaron y todo’’.
Según el testigo, Mancuso y Castaño llegaron "en un helicóptero gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente’’ y en la zona ’habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía’’.
Según el testigo, Mancuso y Castaño llegaron "en un helicóptero gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente’’ y en la zona ’habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía’’.
Cuando el fiscal le preguntó si los escuadrones de la muerte recibieron ayuda de de la fuerza pública, Villalba declaró: "Sí doctor, de la IV Brigada [de Ejército]. Lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión; hubieron (sic) retiradas de tropas de los retenes [de control militar en el área], suspendido los retenes de tropa en la carretera’’.
Villalba le dijo al fiscal que con anterioridad a sus declaraciones de febrero de este año había entregado a la justicia detalles de ésta y otros masacres a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Medellín.
También declaró sobre la participación de los hermanos Uribe, de lo cual quedaron grabaciones en cintas magnetofónicas, indicó.
Pero "las grabaciones resultaron en manos de Mancuso’’, explicó Villalba, y los funcionarios del CTI fueron asesinados en septiembre de 1999.
’A ellos los mataron en Medellín, los mató la gente de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me callara’’, dijo.
La Terraza es una enorme agencia de asesinos a sueldo de Medellín que ha operado bajo la dirección de poderosos narcotraficantes y paramilitares.
Sobre la reunión en la que participaron los hermanos Uribe Vélez, dijo Villalba, también habló varias veces con el director del CTI de Medellín, "un señor de gafitas, joven, y le comenté lo de [la reunión] de La Caucana y no dijo nada, se quedó callado’’.
También declaró sobre la participación de los hermanos Uribe, de lo cual quedaron grabaciones en cintas magnetofónicas, indicó.
Pero "las grabaciones resultaron en manos de Mancuso’’, explicó Villalba, y los funcionarios del CTI fueron asesinados en septiembre de 1999.
’A ellos los mataron en Medellín, los mató la gente de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me callara’’, dijo.
La Terraza es una enorme agencia de asesinos a sueldo de Medellín que ha operado bajo la dirección de poderosos narcotraficantes y paramilitares.
Sobre la reunión en la que participaron los hermanos Uribe Vélez, dijo Villalba, también habló varias veces con el director del CTI de Medellín, "un señor de gafitas, joven, y le comenté lo de [la reunión] de La Caucana y no dijo nada, se quedó callado’’.
El testigo aseguró que también habló sobre estos temas con María Teresa Gallo, fiscal especializada de terrorismo y derechos humanos.
"Me prometió muchas cosas, como cambio de identidad, sacarme de la cárcel y mandarme a otro país’’, dijo.
"Me prometió muchas cosas, como cambio de identidad, sacarme de la cárcel y mandarme a otro país’’, dijo.
En enero de 2007 Villalba trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por otra masacre cometida por paramilitares en noviembre de 1997 en La Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia.
En esa oportunidad fueron asesinadas 15 personas y entre los responsables, asegura, "también estaba el hermano de Alvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados [sicarios] para eso’’.
Villalba tiene una segunda condena de 37 años de prisión por la masacre de La Balsita. Los ’’pelados’’ que habría prestado el hermano del presidente Uribe, pertenecían a la banda paramilitar Los Doce Apóstoles’’, que según varias versiones judiciales comandaba directamente Santiago Uribe.
Villalba afirmó que el 13 de febrero de 1998 decidió entregarse voluntariamente a la Fiscalía, pues militares activos, narcotraficantes y paramilitares planeaban varios crímenes con los que no estaba de acuerdo.
Los planes se cumplieron. Según el testigo, este grupo asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón, al abogado Jaime Umaña y al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Valle había advertido desde 1996 que narcotraficantes, militares y escuadrones de la muerte se disponían a cometer la masacre de El Aro. En respuesta, el hoy presidente Uribe, entonces gobernador de Antioquia, acusó públicamente a Valle de ser enemigo de las fuerzas armadas y el ejército lo enjuició por calumnia.
Luego fue asesinado en Medellín.
Luego fue asesinado en Medellín.
A Valle, dice Villalba, "lo mató la banda de La Terraza y a mí me mandaron a que me callara [...] lo mandaron a matar por las investigaciones que llevaba sobre la masacre del Aro. Era uno de los que me ayudaba porque supo cuando yo me entregué y me iban a matar para que no dijera nada’’.
El fiscal que estaba encargado de la investigación de Valle, tuvo que salir del país, dijo.
Además del presidente Uribe y su hermano Santiago, en los expedientes judiciales figuran el ex general Carlos Alberto Ospina —comandante de las fuerzas armadas durante el primer gobierno de Uribe—, quien en el momento de los hechos era comandante de la Cuarta Brigada de Ejército, acantonada en Medellín, y el general de Ejército Alfonso Manosalva Florez, quien según testigos como Villalba y Mancuso entregó a los escuadrones de la muerte la lista de las personas que debían matar en La Granja y El Aro.
El presidente Uribe señaló como una de las inconsistencias de la declaración de Villalba que la afirmación que Manosalva estaba presente en una reunión en noviembre de 1997 con líderes paramilitares cuando éste había fallecido en abril de ese año.
Villalba relató que ha sido víctima de tres atentados. El primero ocurrió en la cárcel de la ciudad de Palmira después de haber hablado con la fiscal Gallo.
"Un muchacho de las autodefensas, Edison Parra, [condenado por un homicidio en el Llano, me dio una puñalada del lado izquierdo, a la altura del pecho’’.
Dos meses después, "en el mismo patio me hicieron otro atentado con cianuro en una Pony Malta [marca de bebida de malta]. Me la hizo Edwin Tirado, también de las AUC, que ahora está en la cárcel de Montería, él era un ex trabajador de Mancuso’’.
"Un muchacho de las autodefensas, Edison Parra, [condenado por un homicidio en el Llano, me dio una puñalada del lado izquierdo, a la altura del pecho’’.
Dos meses después, "en el mismo patio me hicieron otro atentado con cianuro en una Pony Malta [marca de bebida de malta]. Me la hizo Edwin Tirado, también de las AUC, que ahora está en la cárcel de Montería, él era un ex trabajador de Mancuso’’.
"Los atentados se los atribuyó a Mancuso, en esos días yo estaba declarando contra la Fuerza Pública’’, agregó.
TOMADO DE : https://www.colectivodeabogados.org/DETALLES-DEL-TESTIMONIO-QUE
5. QUINTO.
¿De qué acusa la Fiscalía a Álvaro Uribe y qué le puede pasar?
La solicitud del ente acusador de investigar al expresidente ha alborotado el avispero. De qué se trata el caso y qué posibilidades existen de que sea condenado.
El 22 de octubre de 1997 un grupo de paramilitares irrumpió en El Aro, un humilde caserío de Ituango en el norte de Antioquia. Según se supo años después, la idea era “borrar el pueblo” que por su ubicación geográfica en el corredor del Nudo del Paramillo, era una zona estratégica para la guerrilla. Cerca de 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron al lugar y durante cuatro días torturaron y asesinaron a 15 personas, quemaron la mayoría de las viviendas, se robaron más de 1.000 reses y obligaron a desplazarse a los que quedaron vivos. Por esos hechos la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2006.
El intento de vincular al expresidente €Álvaro Uribe con ese fatídico episodio no es nuevo. Según él mismo dijo en sus declaraciones en radio lleva varios años desmintiendo ese tipo de versiones.
En ese momento Uribe era gobernador de Antioquia y Pedro Juan Moreno era su secretario de Gobierno. Las versiones que los involucran en la masacre han salido en los procesos de Justicia y Paz en los que los paramilitares tenían que contar la verdad del conflicto armado a cambio de beneficios penales. De hecho, antes del testimonio de Don Berna, en dos oportunidades el Tribunal Superior de Medellín ya le había compulsado copias a la Corte Suprema para que investigara al expresidente.
La Corte Suprema anuló el primer proceso, y el segundo todavía está pendiente. Se trata de un fallo de febrero de 2015 contra Cuco Vanoy, uno de los responsables de esa masacre. En ese proceso una de las víctimas, Rosa María Posada, cuyo esposo fue torturado y asesinado, declaró que durante los días de la incursión paramilitar el helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevoló la zona. La aeronave es importante para la investigación porque los abogados de las víctimas sostienen que llegaron por vía aérea los suministros que permitieron que el bloque pudiera permanecer los cuatro días que duró la masacre.
Hay un segundo testimonio. Uno de los autores de la masacre, el paramilitar Francisco Villalba, aseguró que además del helicóptero de la Gobernación, también sobrevolaba otro con Carlos Castaño. El comandante paramilitar sostuvo que él estuvo presente en una reunión entre “Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando”. De todas las acusaciones esa sin duda es la más inverosímil.
El expresidente Uribe siempre ha negado esos hechos. Asegura que las acusaciones provienen de falsos testigos y que el CTI los desvirtuó con pruebas técnicas desde hace años. Agrega que ningún helicóptero de la Gobernación sobrevoló la zona durante esos días.
Un hecho que jugaba a favor del expresidente terminó por motivar la decisión de la Fiscalía de compulsarle copias esta semana. Villalba le había mandado una carta cuando era presidente en la que le pedía “perdón por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública” y se retractaba de su testimonio. En ese momento, el paramilitar se encontraba en la cárcel pagando una pena de 33 años. Según dijo se entregó a la Justicia por la culpa que sentía por lo que había hecho en El Aro. Sin embargo, una inesperada decisión judicial lo dejó libre y poco tiempo después fue asesinado delante de su hija y de su esposa.
El asesinato de Villalba se convirtió en una de las razones por las cuales la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema sobre ese caso. El 12 de agosto, una comisión de esa entidad fue a hablar con Don Berna a una cárcel de Miami. Según los audios de la diligencia, revelados por El Espectador, dijo que cuando él estaba preso en La Picota el abogado Sergio González lo visitó para que encontrara “la manera de que Villalba no continuara con sus declaraciones”. Agregó que tiempo después lo buscó también el fiscal Juan Carlos Goyeneche pues el ‘jefe’ necesitaba su ayuda, es decir silenciar a Villalba. El ‘jefe’, según Don Berna, era Álvaro Uribe. Dijo que ellos eran “más uribistas que doña Lina”, en referencia a la esposa del expresidente.
Según Don Berna, como conocía a Villalba y estaban en la misma cárcel, le pidió directamente cesar sus acusaciones contra el presidente. Villalba le contestó que él quería continuar para hacer catarsis por lo que pasó. Don Berna agregó que frente a esa negativa él contactó otro paramilitar, alias Pilatos, y le pidió declarar contra Villalba a cambio de una plata.
Sobre la carta y los testimonios de Villalba también hay controversia. Según una columna de Daniel Coronell, “Villalba le aseguró al periodista Arnulfo Méndez que esa carta no había sido escrita por él sino que otro preso (Chucho Sarria, el viudo de la Monita retrechera) era quien le había hecho firmar un papel en blanco”.
Don Berna dice que Villalba “era incómodo” y que por eso seguramente lo liberaron y lo mataron. Esa es la razón por la cual la Fiscalía no solo solicita investigar a Uribe por la masacre del El Aro, sino también por la muerte de Villalba y de un defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, quien habría alertado sobre los nexos de las fuerzas del Estado y el paramilitarismo en Ituango.
Sobre todo lo anterior vale la pena hacer algunas precisiones. La primera es que las acusaciones se refieren a hechos anteriores a que Uribe fuera presidente, por lo cual el fuero no lo protege. Lo que se está determinando es si cometió delitos cuando era gobernador de Antioquia.
En segundo lugar, buena parte de las acusaciones llevan más de 20 años circulando y ningún organismo le ha encontrado méritos suficientes para iniciar un proceso. Las versiones como la del helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevolando la zona de la masacre, hasta ahora no han convencido. Nadie en su sano juicio pondría en evidencia la participación del gobierno departamental en un delito tan monstruoso y en una forma tan burda.
La novedad ahora es la última declaración de Don Berna. Este insinúa que podría haber una conexión entre la masacre de El Aro y la muerte del paramilitar Villalba con el expresidente Uribe. El problema es que si se tiene en cuenta que Uribe extraditó a Don Berna por seguir delinquiendo desde la cárcel y que por eso ahora está tras las rejas en Estados Unidos, su versión no puede ser ni desinteresada ni neutral. Como se refiere a hechos que sucedieron hace años lo lógico hubiera sido que los contara cuando se sometió al proceso de justicia y paz de los paramilitares en el cual se obtenían beneficios a cambio de la verdad.
En todo caso, aceptando que la compulsa de copias podría ser considerada un trámite de rutina obligatorio ante el nuevo testimonio de Don Berna, la fecha escogida es totalmente inoportuna. Al estar a 15 días de unas elecciones en las que el uribismo participa, podría interpretarse como una movida con interés político. Paradójicamente, al que menos daño le hace es al uribismo pues este puede presentar la solicitud de investigar a su jefe como la confirmación de la persecución judicial que siempre han afirmado tener. Esa victimización genera más solidaridad que rechazo.
Al otro que le hace daño esa polémica es al proceso de paz. En momentos en que la prioridad es que el uribismo lo considere aceptable, el anuncio del fiscal de que el expresidente podría ser investigado por el nuevo Tribunal Especial para la Paz es contraproducente. Le ha dado munición al Centro Democrático para denunciar que en La Habana se está negociando la impunidad para los guerrilleros y la cárcel para los uribistas. Ese planteamiento es fácil de entender para la opinión pública y le ha hecho más daño al proceso de paz que a Uribe.
Al expresidente de todas maneras no le va a pasar nada. Puede que le abran una investigación, pero esta no desembocará en nada. Ni jurídica ni políticamente sería viable acusarlo de responsabilidad en delitos así de graves. Si hubiera pruebas sólidas no habría podido llegar a la Presidencia ni habría durado ocho años en el poder. Su vida ha sido investigada una y otra vez por periodistas, ONG, la Justicia, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, y a pesar de todos los cuentos, nadie ha podido probar algo suficientemente sólido como para descarrilar su carrera. El expresidente, quien sigue siendo uno de los principales protagonistas de la vida nacional, cinco años después de su salida de la Casa de Nariño, demuestra una vez más que el efecto teflón sigue intacto.
El intento de vincular al expresidente €Álvaro Uribe con ese fatídico episodio no es nuevo. Según él mismo dijo en sus declaraciones en radio lleva varios años desmintiendo ese tipo de versiones.
En ese momento Uribe era gobernador de Antioquia y Pedro Juan Moreno era su secretario de Gobierno. Las versiones que los involucran en la masacre han salido en los procesos de Justicia y Paz en los que los paramilitares tenían que contar la verdad del conflicto armado a cambio de beneficios penales. De hecho, antes del testimonio de Don Berna, en dos oportunidades el Tribunal Superior de Medellín ya le había compulsado copias a la Corte Suprema para que investigara al expresidente.
La Corte Suprema anuló el primer proceso, y el segundo todavía está pendiente. Se trata de un fallo de febrero de 2015 contra Cuco Vanoy, uno de los responsables de esa masacre. En ese proceso una de las víctimas, Rosa María Posada, cuyo esposo fue torturado y asesinado, declaró que durante los días de la incursión paramilitar el helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevoló la zona. La aeronave es importante para la investigación porque los abogados de las víctimas sostienen que llegaron por vía aérea los suministros que permitieron que el bloque pudiera permanecer los cuatro días que duró la masacre.
Hay un segundo testimonio. Uno de los autores de la masacre, el paramilitar Francisco Villalba, aseguró que además del helicóptero de la Gobernación, también sobrevolaba otro con Carlos Castaño. El comandante paramilitar sostuvo que él estuvo presente en una reunión entre “Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando”. De todas las acusaciones esa sin duda es la más inverosímil.
El expresidente Uribe siempre ha negado esos hechos. Asegura que las acusaciones provienen de falsos testigos y que el CTI los desvirtuó con pruebas técnicas desde hace años. Agrega que ningún helicóptero de la Gobernación sobrevoló la zona durante esos días.
Un hecho que jugaba a favor del expresidente terminó por motivar la decisión de la Fiscalía de compulsarle copias esta semana. Villalba le había mandado una carta cuando era presidente en la que le pedía “perdón por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública” y se retractaba de su testimonio. En ese momento, el paramilitar se encontraba en la cárcel pagando una pena de 33 años. Según dijo se entregó a la Justicia por la culpa que sentía por lo que había hecho en El Aro. Sin embargo, una inesperada decisión judicial lo dejó libre y poco tiempo después fue asesinado delante de su hija y de su esposa.
El asesinato de Villalba se convirtió en una de las razones por las cuales la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema sobre ese caso. El 12 de agosto, una comisión de esa entidad fue a hablar con Don Berna a una cárcel de Miami. Según los audios de la diligencia, revelados por El Espectador, dijo que cuando él estaba preso en La Picota el abogado Sergio González lo visitó para que encontrara “la manera de que Villalba no continuara con sus declaraciones”. Agregó que tiempo después lo buscó también el fiscal Juan Carlos Goyeneche pues el ‘jefe’ necesitaba su ayuda, es decir silenciar a Villalba. El ‘jefe’, según Don Berna, era Álvaro Uribe. Dijo que ellos eran “más uribistas que doña Lina”, en referencia a la esposa del expresidente.
Según Don Berna, como conocía a Villalba y estaban en la misma cárcel, le pidió directamente cesar sus acusaciones contra el presidente. Villalba le contestó que él quería continuar para hacer catarsis por lo que pasó. Don Berna agregó que frente a esa negativa él contactó otro paramilitar, alias Pilatos, y le pidió declarar contra Villalba a cambio de una plata.
Sobre la carta y los testimonios de Villalba también hay controversia. Según una columna de Daniel Coronell, “Villalba le aseguró al periodista Arnulfo Méndez que esa carta no había sido escrita por él sino que otro preso (Chucho Sarria, el viudo de la Monita retrechera) era quien le había hecho firmar un papel en blanco”.
Don Berna dice que Villalba “era incómodo” y que por eso seguramente lo liberaron y lo mataron. Esa es la razón por la cual la Fiscalía no solo solicita investigar a Uribe por la masacre del El Aro, sino también por la muerte de Villalba y de un defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, quien habría alertado sobre los nexos de las fuerzas del Estado y el paramilitarismo en Ituango.
Sobre todo lo anterior vale la pena hacer algunas precisiones. La primera es que las acusaciones se refieren a hechos anteriores a que Uribe fuera presidente, por lo cual el fuero no lo protege. Lo que se está determinando es si cometió delitos cuando era gobernador de Antioquia.
En segundo lugar, buena parte de las acusaciones llevan más de 20 años circulando y ningún organismo le ha encontrado méritos suficientes para iniciar un proceso. Las versiones como la del helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevolando la zona de la masacre, hasta ahora no han convencido. Nadie en su sano juicio pondría en evidencia la participación del gobierno departamental en un delito tan monstruoso y en una forma tan burda.
La novedad ahora es la última declaración de Don Berna. Este insinúa que podría haber una conexión entre la masacre de El Aro y la muerte del paramilitar Villalba con el expresidente Uribe. El problema es que si se tiene en cuenta que Uribe extraditó a Don Berna por seguir delinquiendo desde la cárcel y que por eso ahora está tras las rejas en Estados Unidos, su versión no puede ser ni desinteresada ni neutral. Como se refiere a hechos que sucedieron hace años lo lógico hubiera sido que los contara cuando se sometió al proceso de justicia y paz de los paramilitares en el cual se obtenían beneficios a cambio de la verdad.
En todo caso, aceptando que la compulsa de copias podría ser considerada un trámite de rutina obligatorio ante el nuevo testimonio de Don Berna, la fecha escogida es totalmente inoportuna. Al estar a 15 días de unas elecciones en las que el uribismo participa, podría interpretarse como una movida con interés político. Paradójicamente, al que menos daño le hace es al uribismo pues este puede presentar la solicitud de investigar a su jefe como la confirmación de la persecución judicial que siempre han afirmado tener. Esa victimización genera más solidaridad que rechazo.
Al otro que le hace daño esa polémica es al proceso de paz. En momentos en que la prioridad es que el uribismo lo considere aceptable, el anuncio del fiscal de que el expresidente podría ser investigado por el nuevo Tribunal Especial para la Paz es contraproducente. Le ha dado munición al Centro Democrático para denunciar que en La Habana se está negociando la impunidad para los guerrilleros y la cárcel para los uribistas. Ese planteamiento es fácil de entender para la opinión pública y le ha hecho más daño al proceso de paz que a Uribe.
Al expresidente de todas maneras no le va a pasar nada. Puede que le abran una investigación, pero esta no desembocará en nada. Ni jurídica ni políticamente sería viable acusarlo de responsabilidad en delitos así de graves. Si hubiera pruebas sólidas no habría podido llegar a la Presidencia ni habría durado ocho años en el poder. Su vida ha sido investigada una y otra vez por periodistas, ONG, la Justicia, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, y a pesar de todos los cuentos, nadie ha podido probar algo suficientemente sólido como para descarrilar su carrera. El expresidente, quien sigue siendo uno de los principales protagonistas de la vida nacional, cinco años después de su salida de la Casa de Nariño, demuestra una vez más que el efecto teflón sigue intacto.
TO0MADO DE : http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-alvaro-uribe-seria-investigado-por-paramilitarismo/445624-3
6. SEXTO.
Falsos positivos: todos los caminos conducen a Uribe
Todas las mañanas recibo en mi correo la columna de Gustavo Álvarez Gardeazábal conocida como El Jodario, y la del jueves 25 de junio se tituló “Si algo es verdad, ¡apague y vámonos!”.
Entre varias preguntas que allí formulaba, una llamó mi atención: “¿Será verdad, como dice HRW, que existe un grupo crecido de generales de la República involucrados en el fatídico programa de falsos positivos, y que entre ellos está el actual comandante del Ejército?”. Carcomido por la curiosidad, le pregunté: “¿Qué pasaría si en efecto el comandante del Ejército estuviera involucrado en falsos positivos?”. Y esto me contestó: “Que el Ejército se puede quedar sin generales”.
Tiene razón de sobra el escritor valluno en su preocupación, por lo que implica para la vida institucional de la Nación que la Fiscalía esté adelantando investigaciones contra 16 generales del Ejército activos y retirados, según contó la muy seria entidad norteamericana vigilante de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), en informe titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos. Aún más preocupante es saber que estarían involucrados el actual comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y su homólogo en la comandancia del Ejército, general Jaime Lasprilla. (Informe de HRW aquí). Las acusaciones contra el general Rodríguez Barragán provienen en parte del coronel (r) Robinson González del Río, quien afirma que aquel participó en la falsificación de situaciones de combate y “contrató a un investigador policial para que hiciera la acomodación en la escena”.
Son acusaciones de extrema gravedad, y fueron el motivo por el cual el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez coincidieron en descalificar airados dicho informe, el primero pidiendo “que no nos vengan a manchar la institución" y el segundo exigiendo del Estado –en lugar de condenar los falsos positivos- “una condena fuerte a esas conclusiones (de HRW), por ligeras y envenenadas”. Esto último podría oscilar entre una imprudencia verbal o una abierta complicidad con prácticas criminales, pues Ordóñez es precisamente el juez disciplinario de las Fuerzas Armadas y debería saber que una sentenciadel Tribunal Superior de Cundinamarca por las víctimas de Soacha elevó ese caso a delito de lesa humanidad, al considerar que fue parte de “un plan criminal sistemático y generalizado” contra la población civil.
Pero el colmo de la infamia no está ahí, sino en este trino que publicó el expresidente Álvaro Uribe: “En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa asesinatos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”. (Ver trino) ¿Será posible mayor re-victimización? Aquí convierte en criminales a las víctimas y en cómplices a sus madres, al mostrarlas como conocedoras de supuestas conductas delictivas de los hijos que les mataron. ¿Habrá alguna madre de Soacha que confiese que le contó a Uribe de supuestas actividades criminales de su hijo antes de caer asesinado a manos del Ejército? No creo. Además, si eso le hubieran dicho lo habría publicitado con bombos y tuiterazos ese mismo día. Pero es la primera vez que lo menciona, porque es hoy cuando en su defensa se agarra hasta de un clavo ardiendo.
El meollo de la infamia reside en que pretende descargar la culpa sobre las víctimas para justificar esos crímenes de lesa humanidad, pero no ante la opinión pública sino ante sus mismos autores, en tácito reconocimiento de que supo lo que allí ocurría y de que las instrucciones que se impartieron con tal propósito tenían legitimidad.
Hay entre esos 16 generales uno cuyo nombre brilla con luz propia, Mario Montoya Uribe, quien era el comandante del Ejército cuando se destaparon los falsos positivos (que precipitaron su salida), y es el mismo de quien HRW dice que “al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada se dieron durante el período en el cual el general Montoya estuvo al mando.” A él también lo señala el coronel González del Río al revelar que fue el ‘cerebro’ de las ejecuciones extrajudiciales, y a los comandantes de las zonas a su cargo les decía: “Yo no quiero regueros de sangre. Quiero ríos de sangre. Quiero resultados”. (Ver confesión).
Un aspecto del informe de José Miguel Vivanco que no se puede soslayar, es cuando se refiere al conocimiento que debió tener ese copioso grupo de generales sobre lo que ocurría. En caso contrario sería como si hubieran nadado en una piscina sin mojarse, en consideración a que fueron “ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia”.
El punto a dilucidar es de dónde partieron las instrucciones para la puesta en marcha de semejante máquina de asesinatos en masa por toda la geografía nacional, si del comandante del Ejército o de su jefe directo, el presidente Uribe. Es en este contexto donde se articula la directiva 29 de 2005 expedida por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, la cual ofrecía $3’815.000 por guerrillero abatido y según Ramiro Bejarano (Tragedia que no cesa) “sirvió de base para que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales”.
De todo lo anterior surge un nuevo interrogante: entre esos generales comandantes de brigada o de zona que ordenaron o supieron del asesinato de jóvenes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras, ¿cuántos lo hacían convencidos de que actuaban “por el bien de la Patria” y cuántos eran conscientes de que se trataba de una práctica criminal, pero callaban, porque estaban obligados a la obediencia y al cumplimiento de esas órdenes?
Bastará con que a uno solo de estos últimos su conciencia de hombre íntegro, decente y correcto lo impulse a contar de dónde llegaron las órdenes, para que se haya salvado la dignidad de nuestro glorioso Ejército Nacional y no tengamos que decir ‘apague y vámonos’.
DE REMATE: Al cierre de esta encuentro tres columnas referidas al mismo tema: una de María Elvira Bonilla (¡Que hablen los generales!)donde cuenta que “los cuatro generales más comprometidos ya fueron llamados a interrogatorio. Ojalá empiecen a hablar”. Otra de Antonio Caballero (Tres mil cadáveres) donde le responde al presidente Santos que “están manchados (los generales) porque se mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta". Y una de Hernando Gómez Buendía (El infierno en Colombia) en la que dice: "El acto necesitó demasiados cómplices para ser un secreto y fue repetido demasiadas veces para tratarse de manzanas podridas o de casos aislados". Conclusión, crece la audiencia de columnistas indignados por semejante vergüenza nacional. Ahora falta que la indignación se contagie a los editores y dueños de los medios donde escriben esos columnistas que solo le llegan a una élite ilustrada.
Tiene razón de sobra el escritor valluno en su preocupación, por lo que implica para la vida institucional de la Nación que la Fiscalía esté adelantando investigaciones contra 16 generales del Ejército activos y retirados, según contó la muy seria entidad norteamericana vigilante de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), en informe titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos. Aún más preocupante es saber que estarían involucrados el actual comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y su homólogo en la comandancia del Ejército, general Jaime Lasprilla. (Informe de HRW aquí). Las acusaciones contra el general Rodríguez Barragán provienen en parte del coronel (r) Robinson González del Río, quien afirma que aquel participó en la falsificación de situaciones de combate y “contrató a un investigador policial para que hiciera la acomodación en la escena”.
Son acusaciones de extrema gravedad, y fueron el motivo por el cual el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez coincidieron en descalificar airados dicho informe, el primero pidiendo “que no nos vengan a manchar la institución" y el segundo exigiendo del Estado –en lugar de condenar los falsos positivos- “una condena fuerte a esas conclusiones (de HRW), por ligeras y envenenadas”. Esto último podría oscilar entre una imprudencia verbal o una abierta complicidad con prácticas criminales, pues Ordóñez es precisamente el juez disciplinario de las Fuerzas Armadas y debería saber que una sentenciadel Tribunal Superior de Cundinamarca por las víctimas de Soacha elevó ese caso a delito de lesa humanidad, al considerar que fue parte de “un plan criminal sistemático y generalizado” contra la población civil.
Pero el colmo de la infamia no está ahí, sino en este trino que publicó el expresidente Álvaro Uribe: “En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa asesinatos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”. (Ver trino) ¿Será posible mayor re-victimización? Aquí convierte en criminales a las víctimas y en cómplices a sus madres, al mostrarlas como conocedoras de supuestas conductas delictivas de los hijos que les mataron. ¿Habrá alguna madre de Soacha que confiese que le contó a Uribe de supuestas actividades criminales de su hijo antes de caer asesinado a manos del Ejército? No creo. Además, si eso le hubieran dicho lo habría publicitado con bombos y tuiterazos ese mismo día. Pero es la primera vez que lo menciona, porque es hoy cuando en su defensa se agarra hasta de un clavo ardiendo.
El meollo de la infamia reside en que pretende descargar la culpa sobre las víctimas para justificar esos crímenes de lesa humanidad, pero no ante la opinión pública sino ante sus mismos autores, en tácito reconocimiento de que supo lo que allí ocurría y de que las instrucciones que se impartieron con tal propósito tenían legitimidad.
Hay entre esos 16 generales uno cuyo nombre brilla con luz propia, Mario Montoya Uribe, quien era el comandante del Ejército cuando se destaparon los falsos positivos (que precipitaron su salida), y es el mismo de quien HRW dice que “al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada se dieron durante el período en el cual el general Montoya estuvo al mando.” A él también lo señala el coronel González del Río al revelar que fue el ‘cerebro’ de las ejecuciones extrajudiciales, y a los comandantes de las zonas a su cargo les decía: “Yo no quiero regueros de sangre. Quiero ríos de sangre. Quiero resultados”. (Ver confesión).
Un aspecto del informe de José Miguel Vivanco que no se puede soslayar, es cuando se refiere al conocimiento que debió tener ese copioso grupo de generales sobre lo que ocurría. En caso contrario sería como si hubieran nadado en una piscina sin mojarse, en consideración a que fueron “ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia”.
El punto a dilucidar es de dónde partieron las instrucciones para la puesta en marcha de semejante máquina de asesinatos en masa por toda la geografía nacional, si del comandante del Ejército o de su jefe directo, el presidente Uribe. Es en este contexto donde se articula la directiva 29 de 2005 expedida por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, la cual ofrecía $3’815.000 por guerrillero abatido y según Ramiro Bejarano (Tragedia que no cesa) “sirvió de base para que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales”.
De todo lo anterior surge un nuevo interrogante: entre esos generales comandantes de brigada o de zona que ordenaron o supieron del asesinato de jóvenes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras, ¿cuántos lo hacían convencidos de que actuaban “por el bien de la Patria” y cuántos eran conscientes de que se trataba de una práctica criminal, pero callaban, porque estaban obligados a la obediencia y al cumplimiento de esas órdenes?
Bastará con que a uno solo de estos últimos su conciencia de hombre íntegro, decente y correcto lo impulse a contar de dónde llegaron las órdenes, para que se haya salvado la dignidad de nuestro glorioso Ejército Nacional y no tengamos que decir ‘apague y vámonos’.
DE REMATE: Al cierre de esta encuentro tres columnas referidas al mismo tema: una de María Elvira Bonilla (¡Que hablen los generales!)donde cuenta que “los cuatro generales más comprometidos ya fueron llamados a interrogatorio. Ojalá empiecen a hablar”. Otra de Antonio Caballero (Tres mil cadáveres) donde le responde al presidente Santos que “están manchados (los generales) porque se mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta". Y una de Hernando Gómez Buendía (El infierno en Colombia) en la que dice: "El acto necesitó demasiados cómplices para ser un secreto y fue repetido demasiadas veces para tratarse de manzanas podridas o de casos aislados". Conclusión, crece la audiencia de columnistas indignados por semejante vergüenza nacional. Ahora falta que la indignación se contagie a los editores y dueños de los medios donde escriben esos columnistas que solo le llegan a una élite ilustrada.
7. SÉPTIMO.
‘Falsos positivos’ aumentaron más del 150 % con Uribe
Profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad del Externado detallan por qué este incremento entre el 2002 y el 2010. Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en tres pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes, y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate.
Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, no eran nuevas en el país pero sí aumentaron de manera drástica: 154 % entre el 2002 y el 2010, según el estudio ‘La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales’. Este fue realizado por Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente.
El promedio de los 10 años anteriores a la elección de Uribe como presidente de Colombia es mucho menor a los ocho años que él estuvo en el Gobierno, aun incluido un período tan violento como los 90. Desde principio de esa década hasta el 2001, hay una tasa de 0,095 ‘falsos positivos’ por cada 100.000 habitantes pero esa cifra aumenta de manera desproporcionada entre el 2002 y el 2008, siendo de 0.385, según los datos recopilados por el estudio.
El Centro de Investigación para la Educación Popular registró entre 1990 y 2009 un total de 1.613 de ejecuciones extrajudiciales. El panorama podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
El control y el sometimiento de la guerrilla era uno de los pilares de la política de seguridad democrática. El estudio señala que la cifra de guerrilleros dados de baja también aumentó, pero no en el mismo ritmo que las ejecuciones extrajudiciales, pues las muertes de guerrilleros ascendieron en 52 % durante el gobierno de Uribe.
El error de la seguridad democrática
En su investigación, los docentes demostraron que el pecado capital de dicha política fue no pensar en un control específico a la fuerza pública dentro del fortalecimiento judicial. Con ello se daba por seguro que los militares respetarían las leyes y los derechos humanos.
“Es un elemento importante a la hora de establecer la relación entre la seguridad democrática y el aumento de los ‘falsos positivos’ porque implica un desconocimiento de los incentivos que determinan el comportamiento final de los militares”, señala el análisis.
A esto se suman los ya conocidos incentivos a los miembros de la fuerza pública que al final de mes registraran el mayor número de combatientes dados de baja. Recompensas en dinero, permisos de vacaciones, capacitaciones en el exterior e incluso ascensos eran varios de los premios.
“Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley”, apunta el informe.
Así quedó evidenciado en su momento con las declaraciones de varios militares. “Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año. O sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre [...] También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país”, relató un militar para la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Sin pruebas
Los investigadores señalan que el Gobierno promovía los incentivos pero no tenía manera de comprobar si los muertos eran o no guerrilleros.
Desde la administración gubernamental, se daba el dinero necesario para que la inteligencia militar detectara la presencia de posibles agentes ilegales. Cuando se tenía la operación planeada, enviaban a una brigada que operaba sin un control estricto.
“Cuando la unidad militar no obtenía resultados y decidía realizar operaciones de ‘falsos positivos’, pagaba a un informante ficticio para justificar su solicitud de recursos”, indica el análisis.
Pero ese supuesto informante no se quedaba con todo el dinero, pues debía darles una parte del botín a los comandantes de la escuadra, los mismos que asignaban presupuesto a los soldados para que consiguieran víctimas y armas para ponerle al cuerpo. El resultado final era un civil que hacían pasar por guerrillero, dos semanas de permiso para el soldado y las felicitaciones para el oficial encargado.
“El problema fundamental de la seguridad democrática es la falta de control de las acciones de las unidades militares, las cuales son no observables directamente por el Gobierno”, concluye el estudio.
TOMADO DE : http://www.semana.com/nacion/articulo/falsos-positivos-aumentaron-154-en-gobierno-de-uribe/376423-3
8 OCHO.
Las victorias y derrotas de Uribe Vélez
El éxito indiscutible de la política de Seguridad Democrática con la desmovilización de jefes paramilitares y el debilitamiento de las Farc puede considerarse como la principal victoria del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que en 72 horas abandonará la Casa de Nariño..
Sin embargo, no todo es dulce para la administración Uribe Vélez. La caída del referendo en 2003 del estatuto antiterrorista, las investigaciones contra funcionarios por las llamadas ‘chuzadas’, la ‘parapolítica’, los ‘falsos positivos’ y el fracaso en la fusión de ministerios hacen parte del inventario de derrotas.
Vanguardia Liberal presenta algunos de las victorias y derrotas que marcaron, en los últimos ocho años, al mandatario de los colombianos.
línea de tiempo
15 de julio de 2003
Se firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que se inicia el proceso de desmovilización de las Autodefensas.
13 de mayo de 2008
14 ex jefes ‘paras’ fueron extraditados de manera sorpresiva a Estados Unidos. El Gobierno indicó que no estaban cumpliendo con los acuerdos de la Ley de Justicia y Paz.
2008
A finales de este año se conocen casos de jóvenes de Soacha que aparecen asesinados en Gabarra, Norte de Santander, y mostrados como bajas en supuestos enfrentamientos con el Ejército.
15 de abril de 2009
Hombres del Jungla de la Policía capturaron en zona rural de Necoclí, Antioquia, a Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, el narcotraficante más buscado del país.
26 de febrero de 2010
La Corte Constitucional tumba la segunda reelección presidencial de Uribe.
Victorias
Lucha contra las Farc
Tras tres años de negociaciones fallidas con la guerrilla, Álvaro Uribe Vélez se montó en las encuestas presidenciales de 2002 con una política de “mano firme” con las Farc.
Con el discurso de la Seguridad Democrática como bandera electoral, el ex gobernador de Antioquia llegó a la Presidencia siendo el primero en arribar a la Casa de Nariño en primera vuelta electoral tras su implementación en la Constitución de 1991.
Hasta 2006 el Gobierno ya tenía tras las rejas a 30 mil capturados de los grupos armados ilegales, 8 mil desmovilizaciones individuales y poco más de cinco millones de unidades de munición confiscadas.
Entre el periodo 2002-2010, el gobierno Uribe Vélez presenta cifras cercanas a las 40 mil capturas, a las 17 mil desmovilizaciones individuales y a los 8 millones de unidades de munición incautadas a las guerrillas.
La cifra oficial de guerrilleros muertos en combate llega a los 16 mil entre 2002 y 2010. Sin embargo, pese al balance positivo, el panorama a futuro es de grandes retos.
Según el analista Juan Ricardo Maldonado hablar de unas Farc acabadas es muy difícil.
“Es innegable que las capturas y las bajas a cabecillas afectan al grupo armado y a la moral de sus tropas, pero afirma también que lo que viene después de estos ocho años es una reorganización y fortalecimiento anunciado de parte de las Farc”.
Mueren jefes de las Farc
Tal vez el triunfo mas evidente de la lucha contra las Farc fue la muerte de alias ‘Raúl Reyes’, en un bombardeo en marzo de 2008 a su campamento en Sucumbíos (Ecuador).
La acción genero la ruptura de relaciones con el gobierno de Rafael Correa.
En esa acción militar fueron incautados varios computadores que revelaron los enlaces internacionales de esa guerrilla.
También, el 2 de septiembre de 2007 fue muerto en un bombardeo Tomás Medina Caracas, alias ‘Negro Acacio’, un jefe guerrillero de las Farc que se encargaba del narcotráfico.
Igual suerte corrió, en marzo de 2008, Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias ‘Iván Ríos’, comandante de las Farc, asesinado por alias ‘Rojas’, quien era su jefe de seguridad y aseguró que estaba cansado de los maltratos en la guerrilla.
En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se conoció la muerte del fundador de las Farc. El deceso de Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda’, máximo comandante de las Farc, ocurrió en las selvas colombianas por causas naturales.
El 24 de mayo de 2008, la revista Semana publicó una entrevista con el entonces ministro de Defensa y electo Presidente, Juan Manuel Santos, en la informó del deceso el 26 de marzo de 2008, al parecer por un paro cardíaco. La información fue confirmada el 25 de mayo de 2008 por la Farc, en un comunicado publicado en Telesur.
Operaciones militares
En julio de 2008, la emblemática ‘Operación Jaque’ devolvió la libertad a 15 ‘canjeables’. Sin hacer un solo disparo, pero con el reproche de la Cruz Roja por haber utilizado sus emblemas para el engaño, Íngrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y 11 uniformados retornaron a sus hogares.
Hace apenas mes y medio, en una operación similar, ‘Camaleón’, el general Luis Mendieta, otros dos oficiales y un soldado, después de casi 12 años de secuestro, también pudieron abrazar a los suyos. Un rescate que salió bien, pero que pudo ser un fracaso, como lo fue el intento de liberación del ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, quienes perdieron la vida en 2003.
Reelección 2006
Una gran victoria de Uribe Vélez es, sin duda, el logro de la reelección presidencial inmediata, la cual se obtuvo mediante la modificación de la Constitución aprobada por la Corte Constitucional en 2005.
Sobre el tema, Gerardo Aristizabal, editor político de Cambio escribió en su momento: “el rechazo generalizado y los exitosos golpes a las Farc, lo mismo que el giro a la derecha del país, sirvieron de caldo de cultivo para la primera reelección en 2006, cuando volvió a ganar en la primera vuelta con una histórica votación de 7,3 millones de sufragios”.
La periodista María Teresa Ronderos aseguró sobre el tema que “Uribe evitó que el Estado colombiano sucumbiera, pero socavó la institucionalidad democrática que había sobrevivido todos los embates violentos del último cuarto de siglo”.
Desmovilizados
Otro tema notorio fue la desmovilización de las autodefensas. Para la Presidencia de la República, desde el año 2003, al proceso se han acogido de manera colectiva, a mayo de 2010, 31 mil 670 integrantes de las autodefensas.
No obstante, el lunar del proceso ha sido el hecho de que la ley de Justicia y Paz no ofrece marcos jurídicos correctos para promover la reparación integral de las víctimas.
Derrotas
Perdió el referendo
Su primer gran revés sobrevino apenas empezando el primer gobierno. Corría el año 2003 y el entonces Ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño, presentó al Congreso el proyecto de referendo que pretendía modificar algunas características del régimen político.
Mediante 15 preguntas extensas y no menos confusas el Gobierno Nacional pretendió aplicar medidas para atacar la corrupción y acelerar medidas económicas.
La consulta pretendía la reducción de 268 a 218 escaños en el Congreso; la supresión de entidades de control regionales y el retiro de derechos civiles a los funcionarios que incurran en fraude contra el Estado.
Los colombianos no apoyaron el referendo.
Cae estatuto
Otro de los golpes fue la caída del Estatuto Antiterrorista en el 2004. Este proyecto, que fue el caballo de batalla del Gobierno durante los primeros dos años de su primer periodo, fue aprobado en el Capitolio en diciembre de 2003 tras un difícil trámite en el Congreso.
El fin era consolidar el acto legislativo que reformaba la Constitución para concederles facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares.
Finalmente, el 30 de agosto de 2004, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad por un vicio de trámite.
Acá se incubó un conflicto entre las Cortes y el Ejecutivo, pues empezaron a emerger los comentarios en torno al hecho de que la Corte estaba legislando.
Crisis internacional
Otro de los grandes inconvenientes fueron las relaciones con los vecinos.
La denuncia por la presencia de jefes de las Farc en Venezuela llevó a Hugo Chávez a romper relaciones.
Además, se registraron diferencias políticas con Chávez en torno al Acuerdo Humanitario y su mediación para la liberación de secuestrados.
Igual tensión se vivió con Ecuador tras el bombardeo para dar muerte a ‘Raúl Reyes’.
El tema ha significado pérdidas cuantiosas en materia económica para los colombianos. Las crisis han ido de la mano con el descenso de la ocupación laboral en frontera.
Para la analista Socorro Ramírez la ruptura de las relaciones con Venezuela “está destruyendo el comercio formal e informal, binacional o de subsistencia fronteriza y ha aumentado el contrabando. Además, genera graves perjuicios económicos y sociales para ambos países: para las empresas colombianas y sus trabajadores; y para Venezuela en donde el fisco, el desabastecimiento o el consumidor deben estar pagando los costos de subsidiar importaciones que por cercanía, calidad y precio venían de Colombia”.
En el caso de Ecuador el tema no pasa tanto por un balance de derrota. El trabajo de las comisiones conjuntas de ambas cancillerías en zonas de frontera, han significado el restablecimiento de las relaciones. Sin embargo, falta ver en qué termina el actual escándalo de las presuntas ‘chuzadas’ del DAS al presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
NO al TLC con EU
Ocho años no fueron suficientes para convencer a los sectores demócratas del Congreso norteamericano para sacar adelante la aprobación del TLC con Estados Unidos.
Pese a que Colombia ha desarrollado alternativas de intercambio con Canadá y la Unión Europea, el TLC entre Washington y Bogotá, que fue suscrito en noviembre de 2006, no ha sido ratificado en el Congreso estadounidense, pues éste argumenta que falta mucho por hacer en Colombia respecto a la protección de sindicalistas y derechos humanos.
Falsos Positivos
El más grave escándalo que afrontó el presidente Uribe y su gobierno en cuanto a seguridad, fueron los llamados falsos positivos.
En la actualidad, la Fiscalía tiene mil 230 investigaciones por casos en los que civiles han sido mostrados como muertos en combates y son mil 495 los integrantes de la Fuerza Pública por supuestos homicidios de personas protegidas.
TOMADO DE : http://www.vanguardia.com/historico/70932-las-victorias-y-derrotas-de-uribe-velez
9 NUEVE.
JUSTICIA DIVINA DE CONCIENCIA.
Condena histórica en Colombia por el escándalo de los ‘falsos positivos’
Una veintena de militares sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel por asesinar a cinco jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros y paramilitares.
Ha pasado casi una década desde que se desveló uno de los peores crímenes de la guerra de Colombia. El escándalo de los falsos positivos: civiles engañados, asesinados y disfrazados de guerrilleros o paramilitares que sirvieron para que muchos soldados y altos mandos consiguieran beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe a principios de los 2000. La noche del lunes, un juzgado de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, el de más alto rango, a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por estos crímenes, en lo que ya es una sentencia histórica.
Los acusados son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato de Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, cinco jóvenes del municipio de Soacha, una barriada muy humilde a las afueras de Bogotá. La última vez que sus familiares los vieron fue entre finales de 2007 y principios de 2008. Militares de la Brigada Móvil 15 les habían prometido puestos de trabajo. Meses después, fueron hallados muertos a cientos de kilómetros de sus casas, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el noreste de Colombia.
Todos estos jóvenes, como las miles de denuncias que aun siguen en la Fiscalía, fueron reportados como bajas en combate para subir los resultados de las unidades militares y así conseguir permisos y beneficios económicos. Uno de los sargentos condenados confesó durante la investigación que recibió más de dos millones de pesos (unos 650 euros) por dos de las víctimas.
Ninguno de estos uniformados podrá solicitar casa por cárcel, una de las modalidades para cumplir la pena en Colombia. Además, el juzgado ha exhortado al Ministerio de Defensa y al Ejército que se brinde una reparación simbólica a las víctimas y sus familiares con la propuesta de construir un monumento en su memoria.
Competencias legales
La sentencia llega una semana después de que otro juez se declarara incompetente para tramitar este proceso. La aprobación de la Justicia Especial para la Paz, pactada en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, está sirviendo de parapeto legal para muchos magistrados en Colombia. "No se trató de muertes en combate. Los militares organizaron una banda criminal. Son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir", ha declarado la jueza.
En esta misma línea ya se ha manifestado Human Rights Watch (HRW), organismo muy crítico con los acuerdos de paz en el país: "Estos hechos no hacen parte del conflicto, fueron muertos en circunstancias de indefensión". José Manuel Vivanco, responsable de HRW, antes de que se produjera esta histórica sentencia, envió un mensaje al Gobierno colombiano. "Llamo a todas las autoridades judiciales y al fiscal general de la Nación a tomar todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión y evitar que establezca un nefasto precedente".
Los familiares de Soacha también luchan para que los casos de sus hijos no acaben en la Justicia Especial. “Permitir que este caso vaya al Tribunal de Paz sería un premio para los asesinos de mi hijo”, ha dicho doña Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo, según recoge el diario El Tiempo.
TOMADO D : https://elpais.com/internacional/2017/04/04/colombia/1491317058_236027.html
10. DIEZ.
Escándalo de los falsos positivos
El escándalo de los falsos positivos en Colombia es como se conoce a las revelaciones hechas a finales de 2006sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del combate a grupos armados irregulares que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.1 A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.2
Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur-occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se hizo de dominio público, denunciado por Luis Fernando Escobar Franco que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.13
Por dicha denuncia han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército4 y el comandante de esa rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana,56 Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante su gobierno del ex-presidente.7
Aunque no se tiene un número confirmado de víctimas mortales, a octubre de 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.1 Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.89
Índice
[ocultar]Los desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar en 2008
La desaparición en 2008 de 19 jóvenes en el municipio de Soacha Y Ciudad Bolívar al sur-occidente de la ciudad, desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y una vez engañados los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas principalmente para luego ser vestidos con uniformes camuflados que tenían escaso tiempo de uso, y posteriormente asesinados. Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña, Norte de Santander y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.
Así la entonces secretaria de gobierno de Bogotá Clara López Obregón dijo que este caso podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados. El general Conrado comandante de la Brigada 30 del Ejército negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al ejército.1011
El entonces senador Gustavo Petro realizó denuncias en las cuales afirmó que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno, ya que fue el mismo gobierno a través de su Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005,1213 que consistía en ofrecer 3,800,000 pesos (aproximadamente $1.900 dólares) por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente, y que muchas veces los militares y paramilitares en operaciones conjuntas asesinaran civiles.1415
Casos anteriores
El 7 de enero de 2009 un documento desclasificado de la CIA publicado por el National Security Archive reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del ejército.16
En 2007 salió a la luz pública los hechos ocurridos en San José de Apartadó, vereda del municipio de Apartadó(Antioquia), en los cuales en el trascurso de una masacre fueron asesinados entre varios civiles, tres niños que fueron degollados y descuartizados en una operación conjunta entre los paramilitares y el ejército de Colombia en febrero de 2005, en represalia por la muerte un oficial y 18 soldados que fueron asesinados en un cerco tendido por las FARC, en el municipio de Mutatá (Antioquia). Posterior al hecho se llevó a cabo una campaña de encubrimiento en la cual se culpaba a las FARC de la masacre a través de testimonios falsos que fueron emitidos por los medios de comunicación y el mismo comandante del ejército Carlos Alberto Ospina negó la participación del ejército en lo ocurrido. A pesar de ello, a finales de 2007, basados en el testimonio de paramilitares involucrados en el hecho, fue capturado el entonces comandante de la operación, el capitán del ejército Armando Gordillo quien confesó el hecho y se acogió a sentencia anticipada, por el mismo hecho fueron juzgados otros 10 militares.17
Denuncias de la ONU
El 27 de mayo de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y que la impunidad abarca el 98.5% de los casos. El informe señala en varios apartados textualmente lo siguiente:
Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados... Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.18
Casos y eventos recientes
Se ha reportado varios casos recientes que concuerdan con la metodología de los "falsos positivos", incluyendo el de Anderson Daza Hernández en febrero de 2015.3 Según se ha reportado, Daza Hernández murió al recibir disparos en una acción conjunta de Ejército, Policía y Fuerza Aérea, y fue reportado como "guerrillero" sin que se haya demostrado evidencia al respecto. Incluso, a la madre de Daza Hernández se le restringió acceso a reconocer el cadáver de su hijo.3 Este y otros casos siguen en investigación.
El 2 de septiembre de 2015, la Fiscalía ordenó la captura de otros 22 militares por casos de falsos positivos en los departamentos de Antioquia y Cesar.19
En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jovenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crimenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.20
Implicados
Generales
- Leonardo Gómez Vergara, el excomandante de Tercera Brigada;
- Jairo Antonio Herazo Marzola, excomandante de la Octava Brigada;
- Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña, excomandantes de la Tercera División, y
- Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.21
- General Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército. 22
Capitán
- Armando Gordillo, capitán del Ejército de Colombia, condenado en 2007.
Teniente
- Juan Esteban Muñoz Montoya, teniente del Ejército de Colombia. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado al regresar al país.23
Falsos positivos judiciales
Una modalidad relacionada son los falsos positivos judiciales. Se les da ese nombre a denuncias y casos comprobados sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables o sin las pruebas requeridas para su reclusión.24 La ejecución de ésta práctica se presenta de diversas formas y con distintas finalidades. Una de ellas es la detención arbitraria,2526 determinada como una de las formas de violación a los derechos humanos; en mayo de 2013 se reviven denuncias por detenciones de este tipo, ligadas con casos del escándalo de los falsos positivos.27 Otra forma, consiste en el uso de recolección de información no veraz, fabricación de informes de inteligencia, falso testimonio y en otros casos a partir de sospechas infundamentadas que conllevan a detención. Las pruebas presentadas contra los judicializados, generalmente cuentan con contradicciones y en ocasiones han sido declaradas como flagrantes o determinadas en contra de derechos fundamentales y derechos humanos.28
Según el informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, la privación arbitraria de la libertad ha sido usada en otros países como una de las prácticas más comunes para encarcelar opositores políticos, disidentes religiosos o para coartar la libertad de expresión, se ha encontrado que estos encarcelamientos se fundamentan también en el marco de la lucha contra el terrorismo.29
Existen excepciones no determinadas “falsos positivos judiciales” que poseen características similares, como el caso de civiles judicializados por error debido al parecido de sus nombres con el algún jefe criminal o delincuente.30
Tras la muerte de Luis Carlos Galán
Los falsos positivos judiciales han sido una práctica usual dentro del ejército, aunque el tema en Colombia proviene del año 1989 cuando a Alberto Jubiz Hazbum y otras 4 personas les fueron imputados los cargos por el crimen de Luis Carlos Galán estando recluidos durante 4 años en la cárcel y liberados al comprobarse de que no estuvieron en el lugar de los hechos además de determinar que el arma hallada en el lugar del arresto no era correspondiente al arma usada en el magnicidio. Daniel Roberto afirma en una entrevista que el caso de Jubiz Hazbum se trató de un falso positivo hecho por la Policía Nacional de Colombia, debido a la exigencia del presidente de turno Virgilio Barco de dar con los autores materiales e intelectuales del magnicidio y siendo señalado el general (R) Óscar Pélaez de la DIJIN como principal implicado de la captura de Jubiz Hazbum y de otros falsos positivos. Un documento desclasificado de la CIA presentado el 7 de enero de 2009 por el agente Rendon y publicado por National Security Archive, evidenció que los nexos entre fuerzas militares y grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994.31
Entre 2002 y 2004
Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 más de seis millares de personas fueron coartadas de la libertad vulnerando acuerdos y normas establecidas dentro de los derechos humanos. Muchos de los casos carecieron del debido proceso. Así, para este periodo hubo detenciones sin fundamento de prueba, detenciones masivas que desconocieron el derecho internacional en medio de operativos militares y detenciones usadas como mecanismo de persecución política.32
Otros casos
Un caso similar al de los jóvenes de Soacha fue el del joven grafitero Diego Felipe Becerra asesinado el 19 de agosto del 2011 a manos de un patrullero de la policía quien afirmó confundirlo con un asaltante debajo del puente de la Avenida Boyacá con calle 116 en el norte de Bogota. Versiones de la familia del joven muerto aseguran que la policía lo hizo pasar como delincuente común a quien dieron de baja en medio de un asalto, colocándole un arma de fuego e incluso presentando un falso testigo quien afirmó ver al joven con otros mas asaltando en el puente. Actualmente la familia se encuentra en un proceso jurídico para lograr que el estado reconozca la muerte del joven grafitero. El fiscal general Eduardo Montealegre califico el caso como un "falso positivo urbano".
En la cultura popular
- Postales Colombianas, película colombiana de 2011 dirigida por Ricardo Coral narra la historia de tres mujeres de clase media que luego se convierten en blanco de oscuros agentes del estado que buscan falsos positivos para obtener incentivos.
- Silencio en el Paraíso, película colombiana de 2011 dirigida por Colbert Gracía narra la historia de Ronald, un joven entusiasta de barrio marginal de Bogotá que se vuelve una de las centenares de víctimas de militares que buscan con falsos positivos obtener ascensos y recompensas.
Véase también
- Anexo:Casos de corrupción en Colombia
- Conflicto armado colombiano
- Falso operativo en el edificio Altos del Portal
- Política de seguridad democrática
- Filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos
- Hechos de violencia del conflicto armado interno en Colombia
Referencias
- ↑ a b c Las cuentas de los falsos positivos. Semana (Colombia). 27 de enero de 2009. Consultado el 1 de febrero de 2009.
- ↑ Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra. OACDH. 14 de septiembre de 2005. Consultado el 1 de febrero de 2009.
- ↑ a b c verdadabierta.com (2015). «Especial FALSOS POSITIVOS - una herida que sigue abierta.».
- ↑ Radio Santa Fe (29 de octubre de 2008). «Purga en el Ejército por falsos positivos». «19 oficiales y 6 suboficiales, para un total de 25 miembros del Ejército, fueron retirados de la institución, según el informe revelado en el marco de una alocución del presidente Alvaro Uribe, por el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.»
- ↑ «KAOSENLARED.NET - República Dominicana: No queremos al Gral Montoya: ¡Nos sentimos amenazados!». Archivado desde el original el 5 de agosto de 2009. Consultado el 2009.
- ↑ Renunció el general Mario Montoya
- ↑ Los falsos positivos, a debate (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
- ↑ Revista Semana. «Por vencimiento de términos, en libertad otro militar involucrado en ‘falsos positivos’». Consultado el 1 de mayo de 2010.
- ↑ Semana.com (11 de junio de 2011). «La historia desconocida de los 'falsos positivos'».
- ↑ Muerte de jóvenes en Norte de Santander: “Desaparición forzada con fines de homicidio”. Radio Santa Fe. 25 de septiembre de 2008. Consultado el 2 de enero de 2009.
- ↑ eltiempo.com (23 de mayo de 2013). «Así se planearon los falsos positivos de Soacha, caso por el cual ya hay 49 militares detenidos». «En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.»
- ↑ elespectador.com (1 de noviembre de 2008). «Directiva ministerial 029 de 2005». «AL ESCÁNDALO DE LOS JÓVENES desaparecidos, aceptado por el Gobierno tras la histórica destitución de 27 militares, entre ellos tres generales y varios coroneles, se agrega ahora la polémica suscitada por la directiva ministerial 029 de 2005, dada a conocer al final de la semana por el periodista Félix de Bedout.»
- ↑ http://www.peaceobservatory.org/1056314462/directiva-n-29-del-ministerio-de-defensa-colombiano
- ↑ Denuncias sobre responsabilidad del estado en los «falsos positivos»
- ↑ http://comunidad.semana.com/t5/Fe-de-erratas/Otro-impedimento-de-Camilo-Ospina-para-ser-fiscal/ba-p/2136
- ↑ "Body count mentalities" Colombia’s "False Positives" Scandal, Declassified (en inglés). National Security Archive - CIA. 7 de enero de 2009. Consultado el 7 de enero de 2008.
- ↑ Revista Semana. «¿Por qué mataron a los niños?». Consultado el 28 de junio de 2010.
- ↑ Observatorio de Paz Internacional. «La ONU denuncia "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y una impunidad del 98,5% en Colombia». Archivado desde el original el 7 de agosto de 2010. Consultado el 28 de junio de 2010.
- ↑ http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ordenan-captura-de-22-militares-por-falsos-positivos/16330320
- ↑ http://www.vanguardia.com/colombia/393923-21-militares-fueron-condenados-por-falsos-positivos-de-soacha
- ↑ http://www.eltiempo.com/politica/justicia/falsos-positivos-citan-a-cinco-generales-mas/16417688
- ↑ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12164151
- ↑ «Detienen en El Dorado a exteniente condenado a 30 años por 'falsos positivos'». ElEspectador. Consultado el 21 de febrero de 2016.
- ↑ http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-318-08.htm
- ↑ http://www.colectivodeabogados.org/Los-Falsos-Positivos-Judiciales
- ↑ http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Detenci%C3%B3n_arbitrario
- ↑ http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/en-colombia-sigue-habiendo-falsos-positivos-cinep/20130523/nota/1903950.aspx
- ↑ http://www.elheraldo.co/opinion/columnistas/los-falsos-positivos-judiciales-79587
- ↑ http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3293.pdf?view=1
- ↑ http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/falsos-positivos-judiciales/20090703/nota/839072.aspx
- ↑ http://coeuropa.org.co/files/file/docs_desclacificados/19900727_doc_CIA_desclacificado.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20140922014533/http://www.dhcolombia.info/spip.php?article283
Enlaces externos[editar]
Artículos en Wikinoticias: Militares colombianos son acusados de falsificar atentados- “Mi hermano fue un falso positivo”. Semana (Colombia). 25 de octubre de 2008. Consultado el 28 de diciembre de 2008.
- «Ciudadanos por la Vida». Rudolf Hommes (El Tiempo (Colombia)). 2008. Consultado el 28 de diciembre de 2008.
- "Body count mentalities" Colombia’s "False Positives" Scandal, Declassified (en inglés). National Security Archive - CIA. 7 de enero de 2009. Consultado el 7 de enero de 2009.
- «Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército». Michael Evans (Semana (Colombia)). 7 de enero de 2009. Consultado el 7 de enero de 2009.
- Documental sobre los Falsos Positivos.
- Trailer.
- Los “falsos positivos”, la cara más oscura de la lucha contra la guerrilla
TOMADO DE : https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_los_falsos_positivos
11. ONCE.
La madre de un falso positivo que puso en su sitio a la Cabal y Uribe
Luz Marina se propuso limpiar el nombre de su hijo, que el expresidente tildó de guerrillero y la congresista señaló de criminal. Con ella nacieron Las Madres de Soacha
Luz Marina tenía la cabeza en alto frente a los pilares de la Casa de Nariño. Ella estaba acostumbrada a las calles de barro de Soacha, y tal vez en otro momento se hubiera sentido intimidada visitando el lugar donde vive el Presidente. Pero esta vez no. Venía a luchar por la memoria de su hijo muerto. Asesinado. Pero no entró.
En el 2008 el Ejército cogió a Fair Leonardo, su hijo, en Soacha y se lo llevó hasta Ocaña, Norte de Santander. Le pegaron tres tiros en la cara y 10 más en el cuerpo. Lo disfrazaron con un camuflado y lo hicieron pasar como guerrillero de las FARC. Fair tenía discapacidad mental. Tenía 26 años y no sabía leer, escribir o identificar la plata, pero aún así lo declararon comandante de las FARC. Lo mismo hicieron con 18 muchachos más de Soacha. En total han sido más de 3,000 pelados que han sido falsos positivos desde el 2002.
Las Madres de Soacha son 18, pero solo 4 son las que demandaron a Uribe por el tuit del 2015. Ellas son Lucero Carmona, Maria Doria Tejada, María Sanabria y Luz Marina.
La relación entre Uribe y las Madres nunca ha sido buena. Ellas son mujeres duras, decididas a limpiar completamente el nombre de sus hijos, y del resto de los falsos positivos. Quieren justicia, y ya no tienen nada que perder. Uribe no ha cedido un palmo. El abogado de las madres es Luis Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar – , que para Uribe y su círculo tildaron de cercanos a la guerrilla, declaraciones por las que Jose Obdulio tuvo que salir a pedir perdón públicamente pues la corte encontró que esta visión es mentirosa e injuriosa. Fue el primer roud que perdió el Centro Democrático frente a los abogados de las madres de Soacha.
Desde el 8 de enero del 2008 Luz Marina se dedicó a luchar por su hijo. Primero tuvo que encontrarlo, la Fiscalía no le daba respuesta. Luz caminaba las calles de Bogotá despertando habitantes de calle para ver si alguno era su hijo. 8 meses después la llamó la Fiscalía y le dijo que lo habían matado en el Catatumbo. Desde entonces se dedicó a limpiar la memoria de su hijo. En un comienzo, el entonces presidente Uribe ratificó, varias veces, que ellas eran madres de guerrilleros. Y llegó el 2010, el último año de Uribe como presidente. Uribe siempre defendió a los militares mientras que las Madres juraron no parar hasta que se repudiaran a los actores materiales e intelectuales de los falsos positivos. En el 2010, Uribe las invitó a la casa de Nariño.
A la reunión asistieron 8 familias. Cuando entraron, en el salón donde las recibieron, Uribe las hizo sentar en círculo. 8 madres sentadas miraban entre asustadas y llenas de ira al Comandante de las Fuerzas Militares. Y Uribe habló. A cada madre le ofreció 18 millones de pesos como compensación por la muerte de los hijos. Algunas recibieron esa plata.
Pero Luz Marina estaba afuera, con otras 4 madres, que se negaron a entrar. Uribe estaba intentando que se aprobara su 2da reelección, y ellas no querían ser parte de ese espectáculo. “Cuando nos mataron a los hijos, nos quisimos reunir con él y nunca nos recibió. Ahora que él está haciendo campaña sí nos busca… pues no. Venimos pero cuando ya no esté en campaña.” Y a ella también le ofrecieron plata.
Cada vez que Luz Marina, las madres de Soacha, y el Cajar se encuentran con Uribe y su equipo de defensa legal, las tensiones brincan. El senador Uribe habla fuerte cuando están en la misma sala. A la última conciliación no fue para evitar que los problemas no se ahondaran más y se hiciera más difícil la posibilidad de una conciliación. Pero ahora no parece todo tan claro. Este fin de semana, de manera sorpresiva y después de no asistir personalmente a la penúltima audiencia de conciliación, tuiteó un mensaje en el que les pidió perdón.
Las madres no recibieron este gesto tan bien. “Siempre ha encontrado la manera de revictimizarnos.” En este caso hacen referencia a una frase del comunicado en que el senador dice que siempre ha basado sus actuaciones en lo que decía la inteligencia del ejército, con lo cual busca justificar su actuar. Incluso el año pasado, en medio del juicio él dijo que en reuniones privadas varias de ellas le habían confesado que sus hijos eran delincuentes.Pero según parece, el 19 de mayo tendrá que, por lo menos públicamente, parar esta pelea. Si ese día Uribe no cumple las exigencias de las Madres de una retractación completa de las acusaciones no solo contra sus hijos, sino contra el resto de víctimas de falsos positivos, comenzará la audiencia penal contra el expresidente, y de ahí en adelante no se sabe bien que pueda pasar. Algunos creen que incluso podría pagar cárcel si decide no retractarse.
Luz Marina se convirtió en la cara más visible de las Madres de Soacha. Ha sido entrevistada en varias partes del mundo. Esta fue la entrevista que dio para la TV 1, la cadena más vista en ese momento en España.
Luz Marina y el resto de las Madres de Soacha, acompañadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, lucharon porque sus hijos no quedaran como guerrilleros sino como víctimas del Ejército de Colombia. Hoy lograron lo que para el senador Uribe era impensable: una retractación. Por ahora, parte de la misión está cumplida.
@jjjaramillo2
TOMADO DE : https://www.las2orillas.co/ama-casa-puso-uribe-pedir-perdon/
12. DOCE.
Tres cosas que le quitaron a Colombia cuando mataron a Jaime Garzón
Este artículo fue orginalmente publicado en Vice Colombia. Por: Andrés Páramo Izquierdo No creo que haya sido la risa, como dicen. “Nos quitaron la risa”, dicen. Y en Colombia repiten y repiten esa frase cada agosto de cada año para conmemorar el magnicidio de Jaime Garzón, que hoy cumple 18 años de haber sido abierto a tiros en una calle de Bogotá. Muchos colombianos ven a Jaime Garzón como el mejor humorista político que ha tenido este país, y yo creo que de ello no hay duda. Pero debajo de toda esa amalgama de chistes mordaces contra los políticos había más: un proyecto, una idea de país, una voluntad imbatible que solo encontró freno en la muerte. Y con su asesinato, sin querer yo magnificar a Jaime Garzón, pero sí probablemente su imagen como símbolo, borraron del mapa a un país posible. Ganaron. Nos metieron en el fondo de una bolsa negra muy honda, intransitable, llena de trampas, sin una luz al fondo para encontrar la salida. Creo que son tres las cosas que mataron una vez le dieron los tiros de gracia al héroe del humor político. 1. Mataron la posibilidad de ver la evolución de Jaime Garzón Pues, sí. No hablo de lo predecible: de que Jaime Garzón se hubiera burlado como nadie de Álvaro Uribe Vélez o Juan Manuel Santos. Me parece obvio. Hablo de lo otro: de su segunda faceta que cogía carrera con más fuerza a medida que envejecía. En internet abunda el material periodístico que muestra una cara oculta bajo la ancha sombra del imitador inteligente que supo construir. Antes de volverse famoso, durante su auge de popularidad, incluso días previos a los de su muerte, Jaime Garzón estuvo dedicado de lleno a la política. No siempre ocupando cargos, pero sí metiéndose y codeándose entre los más elevados círculos de la política de este país. A todos conocía y a muchos invitaba a su casa. Quería resolver problemas, hablarlos de forma amistosa, estar donde pudo haberse tomado una decisión trascendental. “A su casa iban Enrique Santos Calderón, el ex fiscal Alfonso Gómez, María Emma Mejía… mejor dicho, se mezclaban todo tipo de personas. Él mismo y su esposa les servían a los invitados pasta y vino”, recuerda el hoy senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf. ¿Y por qué? El periodista Eduardo Arias lo resume así: “Tenía un proyecto político en la cabeza, y Zoociedad y Quac no eran una finalidad sino una herramienta para llegar a lo que llamaba su proyecto político, que giraba en torno a la reconciliación, el diálogo y la paz”. La fijación que tenía por hacer política de una manera heterodoxa fue un elemento que lo caracterizó fuera de la pantalla, de manera permanente, forjando una personalidad paralela a la que salía en los televisores de la clase media colombiana. Y eso puede leerse en los grandes hechos de su vida. Fue militante del ELN, alcalde menor de Sumapaz, traductor oficial de la Constitución de 1991 a las lenguas de los pueblos indígenas, mediador (sin protección ni orden del gobierno) de algunos secuestros extorsivos que en su momento hicieron las guerrillas de este país. Y esto entre muchas otras cosas: Garzón fue un miembro activo de los gobiernos durante los mandatos de César Gaviria y Andrés Pastrana, de quienes era amigo, y al mismo conversaba de manera frecuente con personajes tan disímiles como el hoy senador Antonio Navarro, el recientemente fallecido Myles Frechette, el excandidato a la alcaldía de Bogotá (y exalcalde) Jaime Castro. Yamid Amat, su jefe durante mucho tiempo en CM&, cuando ya personificaba al embolador Heriberto de la Calle, afirma que las ambiciones de Garzón por transformar el país eran muy grandes. Dice: “Quería ganarse un premio Nobel de Paz y trabajaba todos los días por eso. Despreciaba el poder y el dinero. Esa es la faceta que el país no conoce de Jaime y por lo tanto no lo valoran como ser humano. Infortunadamente sólo se conocía su faceta de caricatura, el chiste, el bufón, pero no su lucha por la paz, su formación progresista”. Esas ambiciones, por supuesto, escapan al rol corriente de periodista de humor político. Garzón quería más. ¿Cómo hubiera podido transformarse en un proceso de paz exitoso como el que acaba de adelantar el Estado colombiano con la guerrilla de las Farc? ¿Qué rol hubiera cumplido? ¿Un rol público, de funcionario? ¿Agente de paz? ¿Garante? ¿Miembro de la nueva institucionalidad creciente del posconflicto? Nos mataron la posibilidad de saberlo. La de ver al humorista brillante cumpliendo sus sueños de un país reconciliado y agenciando para hacerlo más fácil. O difícil. No lo sabemos. 2. Mataron por mucho tiempo el humor político televisivo El miedo juega un papel importante en el oficio de ser periodista en Colombia. De acuerdo con el Proyecto Antonio Nariño, desarrollado por la Fundación para la Libertad de Prensa, la autocensura es el primer factor que impide a un reportero contar lo que quiere. No hay que ser brillante para saber que esta condición la produce el miedo a la violencia. Y en el caso particular del que hablo, creo que por mucho tiempo ese fantasma de Garzón asesinado en su camioneta una madrugada de hace 18 años persiguió a quienes querían hacer lo mismo que él. Porque talento hay: de imitación, de sagacidad, de inteligencia. La violencia tocó al máximo representante de la burla contra la política y la gente, así el caso sea complejo y lleno de factores conocidos y desconocidos, asoció la actividad más famosa de Garzón con su asesinato: la gente supo que vivía en una democracia de mentiras. No me extraña, para nada, que los programas que siguieron después de su asesinato fueran más moderados, menos incisivos, sin tantos nombres propios, con burlas menos directas. Decía Antonio Caballero en una entrevista que en Colombia no hay humor político, que Garzón era “un tipo absolutamente genial, pero también absolutamente excepcional. Aquí no había habido algo así ni se ha vuelto a presentar”. Pienso que el miedo jugó un papel determinante en esa confección de los formatos de humor político televisivo. Y pienso, también, que la sombra de Garzón no fue solo larga sobre él mismo sino también sobre quienes quisieron retomar el legado durante los años siguientes a los de su magnicidio. Hubo radio, hubo caricatura en prensa. Pero lo de televisión fue intermitente, de a ratos. Él fue el héroe querido por todos que murió en combate. Muy difícil así. La barra tan alta pesaba encima: “No es lo mismo que Jaime Garzón”. Duro. Faltaron diez años, tal vez más, para volver a poseer esa joya de las democracias que es el humor político televisivo. Creo que lo resumió muy bien Santiago Rivas, uno de los creadores del Pequeño Tirano, cuando decía en una entrevista en SoHo que su programa surgió más por carencia que por referencia: “Ya faltando Jaime Garzón hubo una serie de experimentos como Papaya, Los Reencauchados, o estaba también La Banda Francotiradores, que, habiendo existido Garzón, deja de funcionar”. A eso le añade Santiago Rocha que “el humor se volvió políticamente correcto, terminó siendo más el chiste que otra cosa”. Todo es cierto. Esos fueron los tiempos que nos cupieron en suerte: un espacio vacío en una democracia sin personas que criticaran a los poderosos a través del humor. Muy grave. No me sorprende que hayan pasado 18 años para que quienes hacen humor político televisivo vuelvan a tener el lugar que merecen en una sociedad. Cosas como La Pulla, HolaSoyDanny, Wally, y falta ver los que vienen, supieron salir de la sombra a través de los nuevos formatos rápidos de YouTube, sin dramatizados, diciendo las cosas de forma simple y directa, efectiva, frente a una audiencia nueva que probablemente no conoció al gigante. Pero no los tuvimos durante muchísimo tiempo. Dos gobiernos. Los que mataron a Jaime Garzón nos hicieron ese daño tan grave. 3. Mataron la verdad colectiva y truncaron los derechos de una familia Llevo un artículo entero hablando de Jaime Garzón como símbolo e identidad, imagen y sombra, obra y legado: nada he dicho del ser humano que dejó detrás suyo a familiares que lo ven como hermano y hombre, compañero y padre de familia. Se me olvidó lo que a toda Colombia. Y el recuento de esta fase es la demostración total de lo egoísta que pueden ser quienes nos niegan nuestra propia historia. Un egoísmo criminal, como el que más. El caso de Jaime Garzón es la prueba de que en este país nos quieren ocultar pedazos enteros de lo que fuimos. Y los motivos que tienen aquellos que nos dominan dan escalofríos: no sabremos nunca nada de lo importante. El expediente de Jaime Garzón dio vueltas por investigadores y juzgados, convirtiéndose en uno más de esos casos que no llegan a una resolución total, que de a poquitos se construye y despedaza. Ha avanzado, sin duda, pero en el largo brazo que suponen 18 años de desmemoria. Eso es grave. Primero, porque no compartimos los colombianos una identidad común frente a nuestra propia historia, tan llena de baches infranqueables (sin la verdad será difícil reconciliarnos, por no haber punto de partida) y segundo porque el Estado se lo debe a sus familiares, las primeras víctimas. Capturados Juan Pablo Ortiz y Edilberto Sierra, acusados de ser los autores materiales, fueron luego liberados por demostrarse que la versión de los testigos era falsa. La Fiscalía adelantó investigaciones, llegando a la conclusión de que el crimen fue perpetrado por la banda La Terraza, de Medellín, que le servía a alias Don Berna. Carlos Castaño, un líder paramilitar muerto, fue acusado y condenado como autor intelectual. El caso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por petición de la familia en 2011 (el caso avanza lento). Desde 2012 hay un juicio contra José Miguel Narváez, exdirector del extinto Das, como determinador del delito. También en juicio están el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo. En septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó por fin a la Nación. El 29 de septiembre de 2016, el caso se declaró como delito de lesa humanidad (que no prescribe, que se puede investigar de aquí a que se acabe la historia de Colombia). Hay implicados y tramas de encubrimiento: paramilitares, sicarios asesinados para callarse, miembros del Estado, confabulaciones de las altas instancias del poder que Jaime Garzón señaló con el dedo índice. Dieciocho años y la familia ahí. Nuestra verdad como país, también. Increíbl
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13. TRECE.
https://www.youtube.com/watch?v=ivMVsgN14z8
14. CATORCE.
¿Quién mató a Pedro Juan Moreno?
El 26 de enero de 2016, 10 años después la fiscalía general de la nación compulsó copias a la Corte Suprema para investigar al expresidente y hoy Senador Álvaro Uribe Vélez por la muerte del empresario Pedro Juan Moreno.
La Fiscalía General de la Nación le compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para que se investigue la presunta responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la muerte de Pedro Juan Moreno, en febrero de 2006.
La solicitud de la Fiscalía se hace después de escuchar varios testimonios, incluido el del general (r) Rito Alejo del Río, quien señaló que el episodio aéreo en el que murió el exsecretario de Gobierno del departamento de Antioquia, Pedro Juan Moreno, no fue un accidente.
Además, el ente acusador tomó a consideración un interrogatorio rendido en octubre por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien pidió que las autoridades determinen la presunta responsabilidad y conocimiento por parte del senador Álvaro Uribe en la muerte del empresario antioqueño, en lo que hasta el momento es considerado un accidente.
Igualmente, la Fiscalía General le indicó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusación, un hecho referenciado por ‘Don Mario’ en su interrogatorio, sobre una supuesta reunión entre el expresidente de la República y Carlos Castaño, además de un grupo de ganaderos en la región de Caucasia, Antioquia.
Antecedentes:
Esta no es la primera vez que la Fiscalía pide investigar a Uribe. En octubre del año pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ratificó la orden de compulsar copias contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad como exgobernador de Antioquia en la masacre de El Aro y en una sentencia de 786 páginas, proferida contra el Bloque Nutibara de las AUC, y en ella sale el nombre de Pedro Juan Moreno.
Esta no es la primera vez que la Fiscalía pide investigar a Uribe. En octubre del año pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ratificó la orden de compulsar copias contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad como exgobernador de Antioquia en la masacre de El Aro y en una sentencia de 786 páginas, proferida contra el Bloque Nutibara de las AUC, y en ella sale el nombre de Pedro Juan Moreno.
“El nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de Coosercom como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 o 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, dice la Sentencia de justicia y paz.
Su muerte
Moreno murió el 24 de febrero de 2006, en un accidente aéreo en la zona de Urabá cuando realizaba campaña para llegar al Senado de la república por el Partido Conservador. En el accidente falleció también su hijo Juan Gilberto Moreno, su asistente Ana María Palacio y el piloto.
Declaración de Salvatore Mancuso
Masacre del ARO
En noviembre de 2008, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos donde fue extraditado por Uribe, dijo en una versión libre en audiencia virtual en el proceso que se le sigue en Colombia que el fallecido empresario Pedro Juan Moreno, cuando era secretario de gobierno de Antioquia, se había enterado por boca del Jefe Paramilitar Carlos Castaño, sobre la Masacre de El ARO (donde se investiga a Uribe). Para esta masacre se mencionó que se había utilizado el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. El 19 de abril de 2007 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época de esta masacre era gobernador de Antioquia.
En noviembre de 2008, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos donde fue extraditado por Uribe, dijo en una versión libre en audiencia virtual en el proceso que se le sigue en Colombia que el fallecido empresario Pedro Juan Moreno, cuando era secretario de gobierno de Antioquia, se había enterado por boca del Jefe Paramilitar Carlos Castaño, sobre la Masacre de El ARO (donde se investiga a Uribe). Para esta masacre se mencionó que se había utilizado el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. El 19 de abril de 2007 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época de esta masacre era gobernador de Antioquia.
Muerte de Pedro Juan Moreno no sería accidental
Declaración del General (r) Rito Alejo del Río
El 2 de junio de 2010, durante una audiencia pública contra el general ® Rito Alejo del Río, procesado por sus presuntos vínculos con las autodefensas, desmintió que la muerte de Pedro Juan Moreno (23 de febrero de 2006), secretario de gobierno de Antioquia durante la gobernación de Uribe Vélez, haya sido producto de un accidente. Afirmó que él fue asesinado.
El 2 de junio de 2010, durante una audiencia pública contra el general ® Rito Alejo del Río, procesado por sus presuntos vínculos con las autodefensas, desmintió que la muerte de Pedro Juan Moreno (23 de febrero de 2006), secretario de gobierno de Antioquia durante la gobernación de Uribe Vélez, haya sido producto de un accidente. Afirmó que él fue asesinado.
Esta investigación se reabrió en junio de 2010 por orden del director seccional de fiscalías de Antioquia luego de conocer una versión del general (r) Rito Alejo del Río, quien aseguró que la muerte del exfuncionario no había sido accidental. En ese momento se ordenó la revisión del documento emitido por la Aeronáutica Civil que estableció la falla mecánica
“El accidente”
“Sin embargo, a las 6:32 de la mañana, estaría partiendo Pedro Juan Moreno y su comitiva del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín en el helicóptero BELL 2006 B de la empresa Helicargo con destino al municipio de Apartadó. A las 7:14 entre Dabeiba y Mutatá, el helicóptero perdió contacto con la torre de control. Tras varias horas de sobrevuelo en las montañas nubladas y selváticas de Dabeiba las autoridades de la Fuerza Aérea dieron finalmente con la aeronave y el Ministerio de Defensa anunció que ninguno de los cuatro tripulantes había sobrevivido”.
“Sin embargo, a las 6:32 de la mañana, estaría partiendo Pedro Juan Moreno y su comitiva del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín en el helicóptero BELL 2006 B de la empresa Helicargo con destino al municipio de Apartadó. A las 7:14 entre Dabeiba y Mutatá, el helicóptero perdió contacto con la torre de control. Tras varias horas de sobrevuelo en las montañas nubladas y selváticas de Dabeiba las autoridades de la Fuerza Aérea dieron finalmente con la aeronave y el Ministerio de Defensa anunció que ninguno de los cuatro tripulantes había sobrevivido”.
Asesinato de una posible testigo
Extracto de una carta envidada Nancy Esther Zapata (propietaria de un almacén de repuestos de aviación aeropuerto Olaya Herrera). Ella sería asesinada y con el cuerpo dejaron una nota: “aquí no se aceptan sapas”. “Acá se roban todo, los repuestos de las avionetas y helicópteros se los quitan y los venden sin importarles que se caigan con gente adentro, el vendedor de seguros tiene todo arreglado y les pagan. Me da miedo contarlo a la policía y militares porque ellos vienen acá por comisión por cruces de los repuestos que les roban a los mismos aviones y heli de ellos”. Testimonio de Nancy Zapata, quien sería asesinada poco tiempo después y le dejaron un cartel sobre su cuerpo que decía: “aquí no se aceptan sapas”.
Continuar leyendo en Quién mató a Pedro Juan Moreno
TOMAADO DE : https://www.arcoiris.com.co/2016/04/quien-mato-a-pedro-juan-moreno/
15. QUINCE.
Las convivir:
Junto con Uribe, Moreno impulsó las polémicas cooperativas de seguridad, Convivir, y se empeñó, junto con el General Rito Alejo del Río, en sacar a la guerrilla de Urabá. En una entrevista con María Isabel Rueda para SEMANA, Pedro Juan Moreno manifestó que no le chocaba la fama de “matón, de loco y atravesado” que tenía. Su fama lo había convertido en un símbolo de la derecha en Colombia.
Moreno fue presidente de la “Federación de Ganaderos de Antioquia” (FEDEGAN) y presidió la junta directiva del Banco Ganadero durante 20 años. Moreno no era ganadero pero como su padre tenía afición a la cría de caballos de carreras, se ganó este puesto.
Moreno fue uno de los principales promotores de la primera elección presidencial de Uribe. Pero terminó distanciándose y arreció en críticas que el presidente Uribe estuviera buscando su reelección en 2006 cuando en campaña se había mostrado contrario a esta.
Moreno dirigió y financió la revista “La Otra Verdad” en las que con un equipo periodístico realizaba denuncias de corrupción que llegaron a enfrentarlo con poderosos asesores del gobierno Uribe como el empresario Fabio Echeverri de quien dijo era una “persona dañina” para el Gobierno a la vez que cuestionó su ética.
Álvaro Uribe, entre las ‘Convivir’ y las AUC
Aún falta el eslabón que conecte al expresidente con la ilegalidad. Acaso no exista. Pero hay aspectos que proyectan sombras. Ojalá la justicia las pueda disipar.
Si bien hay suficientes elementos para establecer la conexión en Antioquia entre el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las empresas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como ‘Convivir’, no se tiene aún el eslabón que ligue todo ello con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y se le pueda atribuir un delito.
Para lograr un vínculo que permita la judicialización de Uribe Vélez se tendría que tener un conjunto de pruebas contundentes, entre ellas que se haya reunido en algún lugar del país con jefes paramilitares para acordar el impulso a las ‘Convivir’ y, a través de ellas, promover la expansión del paramilitarismo en el departamento que gobernó entre 1995 y 1997.
Hasta el momento se desconoce si en los tribunales de Justicia y Paz algún paramilitar ha entregado información clara y precisa sobre los nexos directos entre el expresidente y quienes comandaban las AUC a mediados de la década del noventa que pueda convertirse en pieza clave para asociarlo con la ilegalidad. Si acaso hubo reuniones secretas para concertar acciones con el proyecto paramilitar no hay testigos que se refieran en ellas, entre otras razones, porque quienes podrían saber algo están muertos, entre ellos el exsecretario de Gobierno de la época, Pedro Juan Moreno Villa.
Sin embargo, hay algunas dudas que proyectan sombras sobre la presunta relación de Uribe Vélez y la promoción de las ‘Convivir’ en el Urabá antioqueño con las AUC, que lideraban los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil. La primera de ellas tiene que ver su tendencia a minimizar la relación entre unos y otros, tal como quedó plasmado en su reciente pronunciamiento, que tituló ¿Por qué soy paramilitar?: “Durante el ejercicio presidencial, un paramilitar desmovilizado, hasta entonces desconocido, apareció como integrante de una de las Convivir de Antioquia, caso que reconocí ante la opinión ciudadana”.
Tal afirmación es falsa. Al revisar las actas de constitución de las doce ‘Convivir’ que se conformaron en Urabá surgen varios nombres asociados a unas y otras. En la cooperativa La Tagua del Darién, constituida el 28 de octubre de 1996 aparece Jaime Alonso Castrillón Echeverría, desmovilizado del Bloque Bananero de las AUC.
En la cooperativa La Palma, creada el 15 de junio de 1996, estuvo registrado Luis Carlos Mercado Gutiérrez, conocido con el alias de ‘Pantera’, quien participó como integrante del Bloque Élmer Cárdenas en la masacre de La Horqueta, en la Mesa, Cundinamarca, perpetrada el 21 de noviembre de 1997. En esta misma ‘Convivir’ fue inscrito Otoniel Segundo Hoyos Pérez, desmovilizado de ese mismo bloque y quien participó en el despojo de tierras en el Urabá antioqueño.
En la ‘Convivir’ llamada Costa Azul, constituida el 15 de julio de 1996, aparece Carlos Alberto Ardila Hoyos, conocido con el alias de ‘Carlos Correa’, un importante jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quien comandó inicialmente el Bloque Élmer Cárdenas y tras su muerte fue reemplazado por alias ‘El Alemán’. En esta misma cooperativa fue registrado Arnoldo Vergara Trespalacios, alias ‘Mochacabezas’, quien participó en la masacre de Mapiripán, en el Meta, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
Sin mayores argumentos, el expresidente Uribe trata de desvirtuar las versiones de los jefes paramilitares que operaron en el Urabá antioqueño, quienes han indicado en diversas ocasiones que las ‘Convivir’ se convirtieron una estructura clave para la expansión del proyecto contrainsurgente en esa región y en buena parte del país. Tal como lo aseveró Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, de esas cooperativas “surgirán cuadros, hombres y armas” que luego se integraron al Bloque Élmer Cárdenas, que estuvo bajo su mando.
En una de las sentencias proferidas contra Rendón Herrera, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez López y fechada el 16 de diciembre del 2011, se conceptuó que las ‘Convivir’ se convirtieron en “un elemento para el desarrollo y expansión de los grupos paramilitares. Fueron los espacios donde se concertaron las primeras alianzas entre estos ejércitos privados, la clase política local, miembros de la fuerza pública, y aportes de empresas multinacionales y nacionales”.
Un segundo aspecto que también proyecta sombras sobre la figura del expresidente Uribe Vélez es su defensa a ultranza de la legalidad de las ‘Convivir’ que aparece reseñada en su texto ¿Por qué soy paramilitar? Este modelo de seguridad privada tuvo piso legal con el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, que creó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, firmado por el entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, hoy ministro de Trabajo.
Uribe Vélez precisa que “como gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley. También la colaboración del ciudadano, al poner sus ojos en la Fuerza Pública, obliga a sus integrantes a ser más eficaces y a proceder con transparencia”.
Sin embargo, su postura iba más allá. En una carta de 18 hojas, fechada el 20 de marzo de 1997, el entonces secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno Villa, le cuestiona a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights, sus críticas sobre las ‘Convivir’. En uno de los apartes de la misiva, el funcionario, que viene disertando sobre la debilidad del Estado y su fuerza pública, se pregunta: “Si resulta urgente superar el estado de indigencia del Ejército y la Policía, ¿por qué ha de tildarse de ‘guerrerista’ a quien de veras asume el liderazgo en la reivindicación civil de la acción militar?”.
¿A qué podría referirse Moreno Villa cuando habla de la “reivindicación civil de la acción militar”? ¿Será esa la clave para entender todo este asunto? Semanas atrás de esa misiva, Uribe Vélez le escribió a monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, para ese entonces presidente de la Conferencia Episcopal, en la que hace una defensa férrea de las ‘Convivir’, y advierte que “sería equivocado desistir de una estrategia útil a la conquista de niveles aceptables de seguridad”.
Y por último, un tercer aspecto tiene que ver con la coincidencia que existe entre el crecimiento de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas en Antioquia y la reconfiguración del proyecto paramilitar en 1997, cuando se convirtieron en las AUC. Para esa época, según la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en Antioquia tenían reconocimiento 87 ‘Convivir’, compuestas por 6.248 integrantes, todas ellas constituidas durante el periodo de gobierno regional de Uribe Vélez. ¿Pura coincidencia?
Aún falta el eslabón que conecte al ex presidente con la ilegalidad. Acaso no exista. Pero hay aspectos que proyectan sombras. Ojalá la justicia las pueda disipar.
*Periodista y docente universitario
TOMADO DE : http://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-entre-convivir-las-auc-opinion-juan-diego-restrepo/358144-3
16. DIECISÉIS.
Valencia: rechazo a la presencia del asesino Álvaro Uribe.
Un grupo de manifestantes se congregó en Valencia este pasado jueves 22, para rechazar la presencia del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien acudió a la ciudad para intervenir como invitado especial de la Cátedra Tomás Moro Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Católica.
El máximo promotor del paramilitarismo en la historia de Colombia, el presidente que carga a sus espaldas con miles de asesinatos cometidos a la sombra de su “seguridad democrática”, muchos de ell@s de defensor@s de Derechos Humanos y líderes/as sociales, es el hombre que está bloqueando actualmente la paz en Colombia.
La intervención del que fuera máximo mandatario de Colombia entre 2002 y 2010 ha servido de inauguración del Foro de Valores de la nueva Cátedra, dirigida (ni más, ni menos) por Jaime Mayor Oreja, y que pretende “detectar y analizar los valores de las sociedades occidentales, causas de su crisis y respuestas ante la misma desde el humanismo cristiano”… hipocresía en estado puro.
Álvaro Uribe volvió a lanzar fuertes críticas contra el proceso de paz con las FARC y las condiciones del país bajo el gobierno Santos. Recordamos que el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC pretende poner fin a medio siglo de conflicto. Tras la entrega de armas por parte de la guerrilla, sus miembros pasarán a una etapa de desmovilización y de sometimiento a una Jurisdicción Especial de Paz para solucionar sus problemas con la Justicia.
Y recordamos también que la Cátedra Tomás Moro (CTM) de estudios sociales y políticos en la Universidad Católica de Valencia, ha sido creada por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares, de la cual es el Gran Canciller… no hay más que hablar…
Además de la protesta en la calle, varios colectivos y partidos valencianos han expresado su rechazo a la visita del dirigente colombiano a Valencia. Los manifestantes se concentraron frente al Ateneo Mercantil, donde se realizó la charla, en un pequeño bulevar y acordonados por la policía. Uribe fue recibido con gritos de ¡Asesino! por los presentes, que portaban pancartas como “Uribe, a la Corte Penal Internacional” o “Uribe genocida” TOMADO DE : http://loquesomos.org/valencia-rechazo-la-presencia-del-asesino-alvaro-uribe/
DIECISIETE.
Don Berna dijo que saboteo a helicóptero había sido orden de Álvaro Uribe: Maria McFarland
La investigadora aseguró que Fernando Murillo, alias Don Berna, nunca le dijo que esta aseveración era un chisme en Medellín.
Maria McFarland se sostiene en lo que escribió en su libro. La abogada que dedicó varios años para publicar Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia, dijo en La W que ella buscó a Fernando Murillo, alias Don Berna, para obtener su testimonio sobre la muerte del defensor de derechos humanos, Jesus María Valle. En esas entrevistas, Don Berna le dijo que la muerte de Valle la había ordenado Pedro Juan Moreno; pero que de la nada, el propio Don Berna había traído a colación la muerte de Pedro Juan Moreno y el narcotraficante le había dicho que se trató de un sabotaje al helicóptero en el que se trasportaba Moreno, ordenado por Álvaro Uribe. La periodista afirma que en ocasiones posteriores le volvió a preguntar sobre este suceso y Don Berna le volvió a decir que la muerte la había ordenado Álvaro Uribe; tiempo después, cuando ella le insistió en las pruebas de lo que estaba diciendo, el exparamilitar y hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos, le había dicho que “en la ilegalidad se conocen muchas cosas, pero no siempre se pueden demostrar”.
Sin embargo, la semana pasada Don Berna envió un mensaje donde niega haberle dicho a Maria McFarland lo que ella escribió en el libro. La abogada asegura que esto la sorprendió, debido a que la carta es inconsistente con los testimonios que el capo le dio durante varios años: pero además, afirma, que esta retractación no había quedado en su libro porque ya había pasado por la impresión.
Sin embargo, la escritora fue enfática en afirmar que este libro no se trataba de Álvaro Uribe, ni mucho menos de la muerte de Pedro Juan Moreno, sino que el tema había salido a flote por las declaraciones de las personas que dieron sus testimonios para la recolección de datos de una investigación que se centra en los vínculos del Estado con el paramilitarismo.
Este libro se basa, según la investigadora, en tres personas que sus historias se entrelazan por sus actividades: En primer lugar, dice la abogada, está la historia de Iván Velásquez, quien como fiscal en Medellín tuvo en sus manos la investigación del ‘Parqueadero Padilla’, el cual –según la abogada- hubiera podido frenar el paramilitarismo en Colombia, pero esta investigación no avanzó e incluso fueron asesinados 11 investigadores. Más adelante, Velásquez llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue quien destapó las relaciones de congresistas con el paramilitarismo. Velásquez fue sometido a una campaña de desprestigio por todo su trabajo que incluso lo llevó a abandonar al país.
Dentro de su trabajo investigativo, la abogada Maria McFarland, se encontró con la historia del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien finalizando los años noventa se dedicó a denunciar actos de paramilitares, pero que justo después de denunciar lo acontecido en la masacre del Aro, fue asesinado.
Así mismo aparece la historia del periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón, quien destapó el episodio de lo que se denominó como ‘La Casa de Nari’; y el escándalo del DAS por los seguimientos que esta extinta entidad del Estado le hizo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a Iván Velázquez.
TOMADO : http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/don-berna-dijo-que-saboteo-a-helicoptero-habia-sido-orden-de-alvaro-uribe-maria-mcfarland/20180226/nota/3716110.aspx
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